Hace más de tres siglos, el galeón español San José, construido en 1698 en Aginaga, Guipúzcoa, naufragó en aguas colombianas. Se estima que la embarcación llevaba un tesoro de un valor de 20.000 millones de dólares, el cual está generando un conflicto de interés por parte de Colombia, una empresa estadounidense y España.

En 1708, el galeón español San José, construido en 1698 por Pedro de Aróstegui, por encargo del duque Arístides Eslava y la familia Eslava, en el astillero de Mapil en Aginaga, Guipúzcoa, naufragó en aguas colombianas. Entre sus pertenencias, se estima que se encontraba uno de los tesoros más valiosos perdidos en el mar, incluidas 200 toneladas de monedas de plata, esmeraldas y oro.

Según relatan los historiadores, el barco zarpó en 1706 desde España y acabó hundido en 1708 durante la llamada Batalla de Barú (Guerra de Sucesión de España) por un buque inglés en aguas de Cartagena de Indias, Colombia. Naufragó con un tesoro muy valioso: 11 millones monedas de oro que hoy, junto a otras, tienen un valor de 20.000 millones de dólares.

En 2015, el gobierno de Colombia anunció el descubrimiento de los restos del pecio. Un hallazgo que inmediatamente desató la disputa legal por el galeón y la duda sobre a quién pertenece el patrimonio, si al país sudamericano, a España o a una empresa estadounidense que reclama la mitad de su valor.

Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que pretende aplicar todos sus esfuerzos para recuperar el tesoro con carácter de “urgencia”, antes de que culmine su mandato en 2026. Para ello, solicitó al ministro de Cultura del país sudamericano, Juan David Correa, una asociación público-privada. Todo esto, mientras una empresa estadounidense solicita la mitad del valor del hallazgo.

EEUU en disputa por la “mitad del tesoro”

Sobre esta última, se trata de un consorcio de salvamento de Estados Unidos llamado Glocca Morra, empresa antecesora de Sea Searcha Armada. En 1981, afirmó haber localizado la embarcación San José, según Marine Industry New. La empresa manifestó en esa oportunidad, que entregaría las coordenadas del barco a las autoridades colombianas a cambio de la “mitad del tesoro” cuando finalmente fuera sacado de las profundidades.

Sin embargo, como era de esperar, ahora hay disputas sobre quién debería reclamar la recompensa. Algunos han argumentado que Glocca Morra no localizó el barco, y el gobierno colombiano afirma que encontró el galeón de forma “independiente” con un equipo de buzos en 2015, en un lugar diferente, que permanece en secreto, relata el medio. Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, dijo que el hallazgo “constituye uno de los mayores descubrimientos de patrimonio sumergido en la historia de la humanidad”.

Glocca Morra, actual Sea Searcha Armada, argumenta que encontró el barco y, en un caso de arbitraje que se está llevando a cabo en Londres, afirmó que Colombia le debe 10 millones de dólares. En este contexto, el tesoro también es disputado por España y la nación indígena Qhara Qhara de Bolivia, quienes dicen que los españoles “obligaron” a la gente de su comunidad a extraer los metales utilizados en el tesoro.

Los derechos de España y patrimonio subacuático

En 2015, con el anuncio del descubrimiento de los restos del pecio, el secretario de Estado de Cultura por ese entonces, José María Lasalle, se manifestó al respecto. “El gobierno español va a solicitar una información precisa acerca de la aplicación de la legislación de su país en la que fundamenta la intervención sobre un pecio (pedazo de naufragio) español”, dijo el secretario.

“Estamos analizando qué actuaciones se pueden adoptar en defensa de lo que entendemos es el patrimonio subacuático y respecto a las convenciones de la Unesco con las que está comprometido nuestro país desde hace muchos años”, afirmó Lasalle.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de España por ese entonces, José Manuel García-Margallo, fue más allá y afirmó que el galeón San José es un barco de “Estado”. “Se trata de un barco de Estado, de guerra, y no barcos privados, por lo que hay una titularidad del Estado donde esté abanderado el pabellón del navío”, manifestó García-Margallo.

“No se trata de dilucidar en una sentencia quién es el legítimo dueño del patrimonio subacuático hallado porque, según el principio de inmunidad soberana, mientras un Estado no abandone expresamente su patrimonio público subacuático, seguirá siendo su propietario“, sentenció a la BBC el abogado español Carlos Pérez Vaquero.

En las últimas declaraciones realizadas en 2019 sobre este ítem histórico, el Gobierno reiteró la consabida posición española que defiende que, según el derecho internacional comúnmente admitido por todas las naciones, el “San José” era un buque de Estado, sus restos tienen la consideración de “tumba submarina” y no pueden ser objeto de explotación comercial.