El Real Decreto Ley 5/2023 recoge la aplicación de permisos a parejas de hecho de los funcionarios del Estado. Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil, que depende del ministro del Interior Grande-Marlaska, ha negado ya la aplicación de este derecho a un  agente de la Guardia Civil que lo solicitó, aunque en un primer momento fue aprobado verbalmente por su jefe luego se le retiró ese permiso, alegando que los agentes «no son funcionarios civiles».

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) acaba de denunciar que un compañero había pedido permiso como pareja de hecho dentro de uno de los supuestos recogidos por la Ley y que incluso le fue concedido verbalmente. «Sin embargo, el día antes del acto oficial recibe llamada telefónica de que tiene que regresar dado que esos permisos son permisos para funcionarios civiles que no son de aplicación a los Guardias Civiles», explican desde la AUGC.

Esta asociación profesional recuerda que «en el pleno de junio la respuesta de la Administración fue atacar con preguntas acerca del BOE en el que se había publicado y cuando se indicó que lo había aprobado el Consejo de Ministros y estaba pendiente de publicación, alegaron que ya verían cuando se publicara. La realidad es que la DGGC no puede negar que, al igual que nosotros, era conocedora de lo que se iba a aprobar y por ello, podrían tener preparada una medida para una aplicación directa. Sin embargo, nada había hecho (o al menos no se nos informó), y ahora se sigue retrasando la aplicación de la norma cuando, precisamente, la inactividad de la propia Dirección General, que lleva más de 15 años de retraso en aprobar un Reglamento, propicia la no regulación de nuestra norma como ocurre con el estatuto de los trabajadores y el estatuto básico del empleado público».

La falta de reconocimiento y la no aplicación de una norma de obligado cumplimiento para todos los funcionarios, en definitiva se trata de cumplir la Ley, supone que «si continuamos así, nos tememos que terminará el verano y seguiremos sin recoger estos derechos para los compañeros y compañeras a quienes representamos», añade Pedro Carmona, portavoz de la AUGC y añade que «Una vez más los guardias civiles son menospreciados tanto por el Ministerio del Interior como, y lo que es más grave, por la propia Dirección General de la Guardia Civil. No llegamos a entender cual es el motivo de que, una tras otra, los guardias civiles sean considerados funcionarios de segunda».

La AUGC ha reclamado por escrito a la Dirección General de la Guardia Civil que «de modo inmediato se impartan instrucciones a los jefes de unidad para la aplicación directa de los derechos recogidos en su título 2 (del Real Decreto)».

Hay que recordar que el régimen disciplinario dentro de la Guardia Civil es militar y los guardias civiles dependen del ministerio de Defensa en ese aspecto, pero en todo lo relativo a la legislación laboral dependen del ministerio del Interior y son funcionarios de carrera.