El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que su departamento está «ultimando» el expediente para instar ante la Justicia la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

«Hemos estado algunos meses esperando a que Memoria Democrática nos mandara el informe. Ahora ya lo tenemos y estamos ultimándolo para elevarlo lo antes posible ante el juez», explicó Urtasun a Europa Press.

El ministro no concretó ninguna fecha ni avanzó si pudiera hacerse en torno al 20 de noviembre, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador, pero asegura que el Ejecutivo trabaja «intensamente» para dar ese paso en cuanto sea posible. Precisamente, ese mes tendrá lugar el desenlace de los fastos del Gobierno por el cincuenta aniversario del 20N.

«No es de recibo que en 2025 todavía tengamos fundaciones que hacen apología al franquismo. Por lo tanto, esa es una prioridad que es muy clara para mí», afirma Urtasun, quien no descarta solicitar la aplicación de medidas cautelares para que se suspendan las actividades de la fundación hasta que haya una resolución judicial. «Lo estamos acabando de estudiar», apunta. En este contexto, destaca que, para él, como ministro de Cultura, es «fundamental» trabajar materia de derechos, libertades y «defender la memoria democrática». «Y, sobre todo, –añade– que los ciudadanos tengan claro qué significó el franquismo y la censura también para la cultura».

El proceso para ilegalizar esta fundación arrancó en junio de 2024, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para obtener información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento. Lo hizo el departamento de Urtasun, puesto que de él depende el ProtectoraEl do de Fundaciones, organismo al que corresponde instar judicialmente la extinción.

Para armar el expediente se han solicitado informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado.

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicó en el Congreso en marzo que su departamento había elaborado un primer informe, pero que después tuvo que complementarlo teniendo en cuenta las «circunstancias y vericuetos legales» que pudiera utilizar la fundación, que cambió sus estatutos el año pasado. Además, el Congreso, a instancias del PSOE, modificó la pasada primavera la Ley de Asociaciones para poder ilegalizar las que hagan apología del franquismo.

Por contra, desde la Fundación Franco siempre se ha apelado a la libertad de expresión y a la inexistencia de desprecio a las víctimas. Los jueces tendrán la última palabra, pero la Fundación prevé una «dura lucha en los tribunales» y cree que la pretensión del Gobierno es contraria a la Constitución.