El presidente de Verdemar Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz Secilla, ha comunicado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su ausencia en la reunión convocada este viernes en Madrid sobre las negociaciones en torno a Gibraltar. En una carta dirigida al titular de la diplomacia española, Muñoz agradece la invitación, pero explica que no podrá asistir y que, en esta ocasión, ha decidido destinar el coste del desplazamiento a una causa urgente: la fianza de 10.000 euros que el juzgado de La Línea exige al colectivo para continuar personado en la causa penal por los rellenos del litoral llevados a cabo por Gibraltar en una zona protegida del Estrecho.

 

“Para asistir a las dos reuniones anteriores y para no ser gravoso al grupo que represento, corrí con los gastos”, recuerda Muñoz en su escrito. Sin embargo, afirma que ahora siente la obligación moral de emplear ese dinero en “el crowdfunding que Verdemar va a llevar a cabo para sufragar la fianza interpuesta por el juez de La Línea”.

 

La providencia judicial, dictada el pasado 4 de junio por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Línea de la Concepción, exige a la organización ecologista la presentación de una fianza para seguir adelante como acusación popular en la investigación penal abierta por los vertidos de tierra y escollera en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental. Esta área, reconocida por la Red Natura 2000, forma parte de un enclave marino de alto valor ecológico frente a las costas de la colonia británica.

 

 

Según la denuncia de Verdemar, las obras de relleno se están ejecutando en el marco del proyecto urbanístico Eastside, impulsado por el Gobierno de Gibraltar y adjudicado a la empresa TNG Global. El material utilizado —principalmente piedra de escollera— procede, según el colectivo, de la cantera malagueña de Casares y se vierte directamente sobre el mar en un espacio de la Red Natura 2000.

 

En la carta enviada al ministro Albares, Muñoz recuerda que ya expresó su preocupación en las reuniones anteriores por estos rellenos en la ZEC del Estrecho Oriental, adscrita a la región biogeográfica mediterránea. “Me comentó que hablaríamos de eso y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estaba trabajando en el asunto”, señala el portavoz ecologista. No obstante, lamenta que finalmente se han quedado “solos ante este atropello”.

 

La Fiscalía, según explica Verdemar, considera que los hechos denunciados podrían constituir delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente. La exigencia de una fianza de 10.000 euros —obligatoria para ejercer la acción popular según el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal— ha supuesto un varapalo para la organización, que no recibe subvenciones públicas y depende únicamente de las cuotas de sus socios.

 

Pese a su ausencia este viernes, Muñoz ha pedido al ministro mantener una reunión personal “cuando crea oportuno y venga al Campo de Gibraltar”. Mientras tanto, el grupo estudia posibles vías de recurso ante la resolución judicial y prepara una campaña de recogida de donaciones para poder seguir adelante con la querella.