EN LOS AÑOs 60, el antropólogo Lawrence Krader fijó los vectores que rigen cualquier comunidad política a partir del análisis de los sujetos más relevantes en una tribu: el jefe, el brujo, el cazador y el guerrero. De este modo tan simple, el pensador americano nos advertía que poder, religión, economía y defensa son cardinales en nuestra vida en sociedad, y que cualquier modelo de organización política debe armonizar estos cuatro componentes. Parece claro que la actual crisis geoestratégica obliga a repensar esa prelación y, más en detalle, cómo construimos nuestra defensa.

Analizando el último Eurobarómetro (octubre/noviembre de 2025), vemos que en Finlandia, Portugal, Suecia, Dinamarca, Polonia y Lituania, prácticamente el 90% de la ciudadanía está de acuerdo con que la invasión rusa de Ucrania es una amenaza para su propio país. En cambio, en Chipre más de un 70% de los ciudadanos no está de acuerdo, un 40% en Grecia y Bulgaria, y un 30% en Eslovenia, Chequia, Hungría, Austria y Rumanía.

Pese a las diferencias entre países, los cuatro principales problemas para el conjunto de los europeos son: (i) la invasión de Rusia en Ucrania, (ii) la inmigración, (iii) la situación internacional y (iv) la seguridad y defensa. En España esos problemas se ubican, respectivamente, en las posiciones decimotercera, cuarta, octava y duodécima. Estas jerarquías de problemas explican que el gasto en seguridad y defensa se ubique como tercera prioridad en el conjunto de la UE –primera en Lituania, Letonia, Dinamarca, Estonia, Polonia, Finlandia y Holanda–. En definitiva, Europa se siente fuertemente amenazada por la guerra en Ucrania, profundamente debilitada por el resquebrajamiento de la OTAN, propiciado por la administración Trump, y necesitada de una fuerte inversión que ayude a generar capacidades largamente abandonadas desde la época de los «dividendos de paz» de los 90.

Ello ha conducido a los países escandinavos y bálticos a definirse estratégicamente como en situación de «total defence»; es decir, todo el Estado y su sociedad están orientados a la defensa frente a una amenaza –Rusia– que, estiman, compromete su propia existencia. Por ello, coordinan todos su recursos militares y no militares, y planifican cómo emplear industria, transporte, energía, comunicaciones y servicios esenciales con fines defensivos en caso de crisis o guerra. En esa tesitura y con esos planteamientos estratégicos es fácil explicar la ola de reintroducción del servicio militar que recorre toda Europa y de la que España parece ajena.

Un vistazo por Europa nos muestra que son 14 los países que cuentan con servicio militar obligatorio (SMO). Ocho de ellos porque nunca lo han derogado o suspendido: Dinamarca, aunque dispone de unas fuerzas armadas esencialmente formadas por profesionales voluntarios, ha mantenido el sorteo por si no hubiera voluntarios suficientes; Austria y Suiza, como garantía de sus pretendidas posiciones geoestratégicas de neutralidad; Grecia y Chipre, dada la latencia del conflicto postcolonial chipriota; Noruega, Finlandia y Estonia porque entendieron que la frontera compartida con la URSS, y luego con Rusia, no lo aconsejaba. Los seis restantes lo han reintroducido o bien tras la invasión rusa y ulterior anexión, en 2014, de Crimea (Ucrania ese mismo año, Lituania en 2015 y Suecia en 2017); o bien tras la invasión en 2022 de Ucrania (Letonia en 2023, Croacia y Serbia en 2025). Por su parte, en Portugal algunos jefes militares, hasta el momento sin respaldo político, han sugerido la necesidad de reimplantar el SMO ante la amenaza rusa.

Por su parte, al menos siete países no han restablecido la obligatoriedad pero sí, bajo diferentes fórmulas, un servicio militar voluntario (SMV), la mayoría en los últimos meses: Bulgaria desde 2020, Polonia desde 2021, Rumanía desde octubre de 2025, Francia y Bélgica desde noviembre de 2025 y Alemania y Reino Unido desde diciembre de 2025. En Italia, el ministro de Defensa anunció a finales de año un proyecto de ley sobre el SMV al estilo del modelo francés y alemán; y en Holanda, el ministro de Defensa acaba de enviar una carta al Parlamento advirtiendo que los 70.000 efectivos actuales, entre profesionales y reservistas, deben llegar a los 200.000 antes de 2030.

Por último, hay un último grupo de países que no han reinstaurado el SMO ni el SMV; aunque coinciden en la articulación de un nutrido cuerpo de reservistas: Chequia, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia.

No es el caso de España, que queda al margen de estas tendencias. Llevamos demasiado tiempo anclados en la idea de que la seguridad no es relevante, cuando es la garantía para vivir libremente. Pensamos que cualquier amenaza bélica nos resulta ajena o lejana, sin reparar en nuestros compromisos europeos o en el impacto directo e indirecto que la guerra tiene en nuestra economía, comercio y bienestar. Nos parece innecesario el gasto en defensa, olvidando que lo invertido en prevención nos ahorra vidas. Y vivimos con la convicción de que, si vienen mal dadas, alguien nos socorrerá, y además, gratis. Seguir apostándolo todo al multilateralismo no solo es cortoplacista, sino que hoy resulta fallido y hasta ingenuo.

De acuerdo con esta lógica, en España no hay planes de activar un servicio civil obligatorio ni voluntario, y tampoco se apuesta por el reservismo. Para nuestro estudio sobre la visión que las elites políticas, económicas y militares tienen de la defensa y las Fuerzas Armadas (Repensando el papel de las Fuerzas Armadas españolas ante los nuevos desafíos a la seguridad, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2024), planteamos a los entrevistados estas tres alternativas: articular un servicio militar voluntario, incrementar el volumen y la actividad de los reservistas, o crear un servicio civil que genere cohesión social y refuerce la identidad nacional. El resultado fue nítido. Sobre el servicio voluntario, sólo las elites económicas se posicionaban a favor. Los militares eludían el tema «por no ser su competencia», mientras que las elites políticas no lo perciben necesario ni reclamado por la sociedad. La misma opinión expresan sobre un hipotético servicio civil. Por su parte, las elites económicas son optimistas ante esta última posibilidad. Y las elites militares, si bien lo creen viable y conveniente, entienden que es una cuestión que pertenece al ámbito de la educación. Respecto del reservismo, militares y empresarios creen que es una figura válida a la que no se le está prestando la atención suficiente. Los políticos, en cambio, ni siquiera la tienen en consideración.

EN todo caso, el debate sobre si se ha de reactivar el servicio militar, y si éste ha de ser obligatorio o voluntario, debe ser el resultado de una necesidad surgida tras el análisis de las amenazas existentes, y también un recurso que activar una vez agotadas las demás alternativas. Un rápido análisis de la realidad española permite afirmar que las amenazas que determina la estrategia de seguridad nacional no reclaman activar el servicio militar. Sin embargo, qué elocuente resulta, por preocupante, no haber actualizado los documentos estratégicos ni tan siquiera pasados cuatro años del comienzo de la guerra en Ucrania.

Hoy, en todo caso, hablar de implantar el servicio obligatorio en España resulta prematuro, al menos por cuatro razones. Las Fuerzas Armadas todavía no han alcanzado el tope fijado en los mecanismos de planeamiento de tropas; se está lejos de haber solventado las dificultades de inserción laboral que se encuentran la tropa y la marinería al terminar su ciclo contractual y salir al mercado de trabajo; determinados destinos en grandes ciudades son inviables para el salario de un soldado; y, sobre todo, la figura del reservista no se ha explotado en toda su versatilidad. Organizar la operatividad de las Fuerzas Armadas españolas con una mayor presencia de reservistas en tareas logísticas y periféricas al combate no solo sería apropiado: es necesario.

Rafa Martínez (Universidad de Barcelona) y Alberto Bueno (Universidad de Granada) son miembros fundadores del Spanish Research Group on Defence, Armed Forces and Society (RODAS)