Provocar un incendio que ponga en peligro la vida de alguien puede castigarse en España con hasta veinte años de prisión, la misma pena que un homicidio. Sin embargo, entre 2021 y 2025 los tribunales españoles dictaron solo 478 sentencias condenatorias por incendios forestales. Menos de cien al año, en un país donde arden cada verano decenas de miles de hectáreas. Solo hay que ver los violentos incendios que han tenido lugar en los últimos días en todo el territorio español.

Esa desproporción entre la dureza de la ley y su escaso uso real resume el problema. El derecho penal español castiga los incendios con enorme severidad sobre el papel, pero casi nunca llega a aplicarse. Y mientras tanto, el cambio climático está convirtiendo el fuego en un fenómeno que nuestras leyes, escritas en 1995, no previeron.

Un Código Penal pensado para otro fuego

Cuando el legislador diseñó los delitos de incendio, tenía en mente una imagen concreta: alguien prende un fuego en un sitio determinado, el fuego se extiende hasta cierto punto y los bomberos lo apagan. Un suceso a escala humana con un culpable identificable.

Ese modelo se ha quedado antiguo. El verano de 2025 lo demostró. En España ardieron en 2025 unas 350 000 hectáreas según el Ministerio para la Transición Ecológica y cerca de 400 000 según los satélites del sistema europeo EFFIS. Fue, además, la peor campaña jamás documentada en la Unión Europea, con más de un millón de hectáreas quemadas. Y la extinción dejó de ser cosa solo de los bomberos: la Unidad Militar de Emergencias intervino de forma casi sistemática. En verano de 2026, los incendios se han multiplicado por seis entrando varias regiones en emergencia nacional.

El problema no son las penas, es la prueba

Aquí está la clave que suele perderse en el debate público. Después de cada gran incendio se pide endurecer las penas. Pero las penas ya son durísimas y apenas se aplican.

¿Por qué? La Fiscalía lo explica sin rodeos: la dificultad de la prueba. Investigar un incendio en el monte es enormemente complicado. El propio fuego destruye los rastros, la lluvia y el viento degradan lo que queda, y no suele haber testigos ni cámaras. Se puede sospechar de alguien; otra cosa es demostrar ante un juez que fue esa persona quien encendió la cerilla.