- Propósito y advertencia metodológica
- Dos modelos de gestión: Francia y España
- El A400M apagafuegos: un prototipo hispanofrancés y una lección española
- El impacto ambiental: Cuando el bosque deja de ser sumidero y pasa a ser emisor
- El impacto económico: Lo que cuesta no prevenir
- La dimensión geoestratégica: Una dependencia que nadie quiere nombrar
- Cronología comparada de la campaña
- Conclusiones y recomendaciones
Propósito y advertencia metodológica
Este análisis responde a una convicción que conviene enunciar sin rodeos: el fuego ha dejado de ser un asunto ambiental para convertirse en un asunto de seguridad nacional, de economía territorial y de posición estratégica europea. Cuando un Estado moviliza a su unidad militar de emergencias, evacúa a cien mil personas, pide medios prestados a tres países y ve arder el equivalente a media provincia en cinco días, no está gestionando una contingencia estival: está sometiendo su capacidad estatal a una prueba de esfuerzo en tiempo real.
La comparación con Francia se impone por tres razones. La primera, porque ambos países atraviesan simultáneamente la peor campaña de su historia reciente y por tanto son comparables en condiciones. La segunda, porque los dos modelos de gestión son casi opuestos y permiten aislar qué funciona y qué no. Y la tercera, porque el episodio del A400M apagafuegos —concebido y ensayado en España, empleado por primera vez en un incendio real por Francia— resume con una precisión casi literaria la diferencia entre tener capacidad y tener decisión.
Advertencia metodológica: las cifras de superficie quemada proceden de fuentes distintas (MITECO, EFFIS/Copernicus, Ministerio del Interior francés) con metodologías no plenamente homogéneas, y las estimaciones de coste económico no responden a una metodología oficial unificada en España. Se indican en cada caso su origen y sus límites. Donde las fuentes discrepan, se dice.
Los bomberos trabajan para combatir un incendio forestal que afecta a Castilla y León, en la localidad de El Tiemblo, España, el 24 de julio de 2026 – REUTERS/ VIOLETA SANTOS MOURA
Dos modelos de gestión: Francia y España
La campaña de 2026 en cifras comparadas
Conviene empezar deshaciendo un equívoco cómodo. Francia no es este verano un modelo de éxito frente a un fracaso español: Francia está sufriendo, en palabras del propio presidente Macron, los peores incendios desde 1945. A 25 de julio había superado las 98.000 hectáreas, récord nacional según su Ministerio del Interior. El incendio de Gironda arrasó 19.000 hectáreas y obligó a evacuar a 110.000 personas, incluida la totalidad de la península hasta la punta del cabo Ferret, por vía terrestre y marítima, mientras el frente avanzaba hacia el área metropolitana de Burdeos. En el frente de las Landas, entre Biscarrosse y Parentis, ardieron 3.500 hectáreas y fueron evacuadas 31.000 personas. París tuvo que activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil y recibir dos Canadair croatas, dos Air Tractor portugueses y dos helicópteros checo y eslovaco.
España, por su parte, acumula 152.678 hectáreas y treinta y dos grandes incendios, con trece muertos en Los Gallardos y más de cien mil personas evacuadas o confinadas entre Madrid, Ávila y Toledo. Es decir: dos países vecinos, dos campañas históricas y una misma reserva europea repartiéndose simultáneamente entre ambos. Ese dato, por sí solo, tiene más contenido estratégico que cualquier declaración institucional de las últimas dos semanas.
Dónde arde
La distribución de los focos ilustra mejor que ningún argumento la naturaleza del problema. No estamos ante un gran incendio, sino ante la simultaneidad de varios megaincendios en dos países vecinos y en frentes separados por cientos de kilómetros, lo que impide concentrar los medios y obliga a repartir la escasez. Esa simultaneidad, y no la magnitud individual de cada fuego, es la novedad estratégica de la campaña de 2026.
Dos arquitecturas institucionales opuestas
La diferencia esencial no está en los medios, sino en la arquitectura. Francia dispone de una cadena de mando única y vertical: la Dirección General de Seguridad Civil y Gestión de Crisis, dependiente del Ministerio del Interior, con el prefecto como director de operaciones sobre el terreno y los servicios departamentales de incendios y socorro como estructura homogénea en todo el territorio. España tiene diecisiete modelos autonómicos distintos, con doctrinas, medios, salarios y protocolos diferentes, y un Estado que solo asume la dirección cuando se declara la situación operativa 3 —es decir, cuando el fuego ya ha desbordado a quien tenía la competencia—. Esa asimetría explica por qué en Francia se discute cómo apagar y en España se discute quién manda.
Lo que Francia hace bien y lo que también hace mal
Sería un error convertir a Francia en modelo indiscutible. Su flota está tan envejecida como la española y el problema es notorio: según la Federación Nacional de Bomberos, en momentos críticos del verano de 2024 solo tres de los doce Canadair estaban operativos, y en julio de 2025 hubo que arbitrar entre dos peticiones simultáneas de medios aéreos en el Aude y en Bocas del Ródano. El Senado francés habla abiertamente de riesgo de ruptura capacitaria. Además, la base principal de medios aéreos está en Nimes-Garons, a más de quinientos kilómetros de Gironda, lo que genera retrasos considerables en un fenómeno donde cada minuto cuenta.
Pero hay tres cosas que Francia hace claramente mejor y que España debería copiar sin complejos. La primera es la doctrina del ataque al fuego naciente, que convierte la prevención en operación: golpear masivamente el conato en los primeros minutos, aunque parezca desproporcionado, porque cuesta infinitamente menos que combatir un frente de noventa kilómetros. La segunda es la obligación legal de desbroce en el entorno de viviendas e infraestructuras, con inspección y sanción, que en España existe sobre el papel y se incumple con impunidad. Y la tercera, la más importante de todas, es que en Francia la catástrofe no se convierte en munición partidista: el ministro de Defensa y el director de la Seguridad Civil comparecen juntos, agradecen a los cuerpos implicados y anuncian decisiones. Nadie llama mamarracho a nadie mientras arde un macizo forestal.
El A400M apagafuegos: un prototipo hispanofrancés y una lección española
Qué es y cómo funciona
El kit apagafuegos del A400M es, en su concepción, de una sencillez admirable. Se trata de un módulo autónomo de carga y descarga que entra por el portón trasero de la bodega del avión, sin requerir ninguna modificación permanente de la célula: un sistema de instalación y retirada rápida —lo que en la jerga aeronáutica se denomina roll-on/roll-off (embarcar y desembarcar rodando)— que permite convertir un avión de transporte táctico en un bombardero de agua pesado en cuestión de horas, y devolverlo a su misión militar con la misma facilidad.
El depósito almacena veinte mil litros de agua o de retardante, que se descargan por gravedad al abrir las compuertas, a través de unas tuberías que asoman por la parte trasera del compartimento de carga. La descarga completa se produce en menos de diez segundos, traza una línea de hasta unos cuatrocientos metros y cubre alrededor de cincuenta mil metros cuadrados de terreno. Equivale a más de tres Canadair en una sola pasada.
Conviene, sin embargo, no dejarse arrastrar por el entusiasmo, porque el aparato tiene una limitación estructural que ningún anuncio político puede disimular: el A400M no es anfibio. No puede repostar en vuelo rasante sobre un embalse o sobre el mar como hace un Canadair en doce segundos. Debe aterrizar y recargar en pista, operación que lleva unos diez minutos con las bombas adecuadas. Su empleo natural, por tanto, no es la extinción directa sino el trazado de líneas de contención por delante del frente, apoyando a las aeronaves especializadas. Es un complemento de enorme valor, no un sustituto.
La cronología, que es la verdadera noticia
Lo relevante de este asunto no es la técnica: es la cronología. El kit fue diseñado por ingenieros de Airbus en España y sus prototipos han sido fabricados por la empresa Cobo. Las campañas de ensayo en vuelo se vienen desarrollando desde 2022, en España y en Francia. Es, en el sentido más estricto, una capacidad de origen español.
- 2022-2026: Airbus desarrolla el kit con ingeniería en España y realiza sucesivas campañas de pruebas en vuelo en España y en Francia. Los prototipos los fabrica la empresa Cobo.
- 21 de mayo de 2026: El presidente del Gobierno anuncia en la base aérea de Torrejón, durante la presentación de la campaña, que España instalará el kit en sus A400M, junto con una flota de diez anfibios, cuatro Chinook y dos Cougar.
- 17 de julio de 2026: Los Ministerios del Interior y de Defensa franceses firman un acuerdo con Airbus para el despliegue operativo del prototipo.
- 23 de julio de 2026: El Ejército del Aire francés inicia las pruebas con el prototipo identificado como MK2.
- 25 de julio de 2026: Primer lanzamiento real de retardante desde la bodega de un A400M sobre el incendio de Gironda: cerca de 20.000 litros para crear una línea de contención frente a un frente de avance rápido. El ministro francés de Defensa lo califica de primicia mundial lograda en quince días.
- 27 de julio de 2026: Ningún A400M español ha efectuado todavía una descarga sobre un incendio. El kit sigue sin certificar y solo existen dos prototipos.
Ahí está, en seis apartados, el diagnóstico entero de este país. España concibe, diseña y ensaya durante cuatro años una capacidad innovadora, con ingeniería propia y fabricación nacional. Francia firma un acuerdo el 17 de julio y quince días después está lanzando veinte toneladas de retardante sobre un incendio real, con el ministro de Defensa agradeciendo públicamente a la Seguridad Civil, a los ejércitos y a Airbus. Nosotros lo anunciamos en mayo en una rueda de prensa y en julio seguimos sin certificar el depósito. No es un problema de talento, ni de industria, ni de dinero: es un problema de decisión, de urgencia y de cadena de mando.
Y conviene añadir una advertencia técnica que la propaganda oficial ha ocultado: solo existen dos prototipos, el kit carece de certificación y la empresa fabricante no figura entre los suministradores habituales de Airbus, de modo que habrá que certificar el depósito, su instalación y a la propia empresa antes de pensar en una serie. Anunciar en mayo que se contaría con estos medios «en la campaña de este año» fue, sencillamente, faltar a la verdad.
La oportunidad europea que nadie ha visto
El A400M apagafuegos no es una anécdota: es la única respuesta europea disponible a corto plazo frente a una dependencia estratégica incómoda. Los ocho países que operan el A400M —Alemania, Francia, España, el Reino Unido, Turquía, Bélgica, Luxemburgo y Malasia— suman una flota que, dotada de kits certificados y almacenados en unos pocos puntos del continente, permitiría generar en horas una capacidad de respuesta masiva sin comprar un solo avión nuevo y sin inmovilizar células dedicadas once meses al año. Es exactamente el concepto de doble uso (dual use) que la Unión Europea proclama en todos sus documentos de autonomía estratégica y practica en muy pocos.
El impacto ambiental: Cuando el bosque deja de ser sumidero y pasa a ser emisor
Los incendios de sexta generación no son incendios grandes: son un fenómeno distinto. Superan los diez mil kilovatios por metro lineal de frente, generan pirocúmulos, fabrican su propia meteorología y avanzan hasta cuatro mil hectáreas por hora, entre seis y doce veces más deprisa que un fuego convencional. Por encima de ese umbral, la extinción directa es imposible con cualquier medio conocido.
El daño ambiental, sin embargo, no se mide en hectáreas ni en toneladas de dióxido de carbono, aunque ambas cifras sean elocuentes. Se mide sobre todo en suelo. Un suelo fértil puede necesitar siglos para regenerarse, y cuando desaparece llegan la erosión, los arrastres y, con las primeras lluvias torrenciales del otoño, las inundaciones y la colmatación de los embalses. Se altera el ciclo del agua, se contaminan las reservas hídricas, se pierde biodiversidad y se libera a la atmósfera el carbono que el bosque había almacenado durante décadas. Sobre suelos ya frágiles, el fuego recurrente acelera los procesos de desertificación que amenazan a buena parte del territorio peninsular.
Hay aquí una paradoja climática que merece ser subrayada con toda claridad, porque desarma buena parte del discurso oficial. Un monte gestionado es un sumidero de carbono; un monte quemado es un emisor. España puede destinar decenas de miles de millones a la descarbonización de su economía y ver cómo su propio territorio devuelve a la atmósfera, en cuestión de días, una porción sustancial de lo ahorrado. En 2025, según el servicio Copernicus, España, Chipre, el Reino Unido, los Países Bajos y Alemania registraron sus máximos históricos anuales de emisiones por incendios, y Europa alcanzó su cifra más alta desde que existe seguimiento sistemático en 2003, impulsada por los fuegos ibéricos de mediados de agosto. Quien impide gestionar el monte en nombre del clima está, objetivamente, perjudicando al clima.
En el conjunto de la Unión Europea, la superficie quemada alcanzaba las 108.709 hectáreas el 24 de junio —un 39 % por encima de la media 2006-2025 para esa fecha—, las 167.326 hectáreas el 15 de julio y unas 254.388 el 23 de julio. Un análisis de la Agencia France-Presse sobre datos satelitales situaba el 24 de julio la campaña de 2026 como la segunda mayor de los últimos veinte años en la Unión, con el verano apenas mediado. La referencia sigue siendo 2025, el peor año registrado, con más de 1,03 millones de hectáreas.
El impacto económico: Lo que cuesta no prevenir
El coste de un incendio no es lo que cuesta apagarlo. Esa es apenas la punta visible. El impacto agregado de los grandes incendios que sufrió España en 2025 se ha estimado en torno a los 10.000 millones de euros, cifra que suma extinción, restauración ambiental, reconstrucción de infraestructuras, ayudas públicas, pérdidas patrimoniales y daño a la agricultura, la ganadería y el turismo. En lo que va de 2026, las hectáreas arrasadas suponen ya un coste estimado cercano a los 2.500 millones.
Los estudios académicos permiten precisar el efecto macroeconómico. Un trabajo publicado en el Journal of Environmental Economics and Management, citado por el Banco Central Europeo en un documento de trabajo de 2024, analizó 233 regiones de Portugal, España, Italia y Grecia entre 2011 y 2018 y concluyó que los incendios reducen el crecimiento anual del PIB de las regiones afectadas entre un 0,11 % y un 0,18 %, con caídas de entre el 3,3 % y el 4,8 % en los años más graves. En el sector turístico —transporte, alojamiento y restauración— la pérdida se traduce en entre 5.712 y 9.588 puestos de trabajo por temporada en el sur de Europa.
Para España, cuya primera industria es el turismo, ese dato debería encender todas las alarmas. Las tres provincias más golpeadas este mes —Ávila, Guadalajara y Madrid— concentran 1.256 establecimientos de turismo rural y unos 1.900 empleos directos. Y hay una dimensión reputacional y consular que nadie ha querido subrayar: de los trece fallecidos en el incendio de Los Gallardos, siete eran británicos, tres belgas, uno francés, uno estadounidense y uno español. Una tragedia con esa composición no es solo un asunto de protección civil: es un asunto de imagen exterior y de confianza de los mercados emisores.
Repárese en un contraste que resume la desproporción del modelo actual: la ayuda de emergencia europea aprobada este mes de julio, 120,55 millones de euros, no alcanza para pagar la extinción de 7.000 hectáreas a los precios que maneja la propia patronal forestal. Y mientras tanto, con 1.000 millones de euros bien empleados en gestión preventiva se podrían tratar cerca de 10 millones de hectáreas, una quinta parte del territorio nacional. La aritmética es tan sencilla que resulta ofensiva: cada euro invertido en prevención ahorra decenas en extinción, y la prevención, además, fija población, genera empleo rural y sostiene el paisaje. No hacerla no es una opción presupuestaria: es una decisión política, y como tal debe juzgarse.
La dimensión geoestratégica: Una dependencia que nadie quiere nombrar
Toda la capacidad europea de extinción aérea pesada depende hoy de un único fabricante, De Havilland Canada, comercializado a través de una agencia estatal canadiense, la Canadian Commercial Corporation, con una línea de producción reabierta tras años de parón y una cartera de pedidos saturada. Veintidós aparatos DHC-515 encargados a través del mecanismo europeo para seis Estados miembros —España, Francia, Italia, Grecia, Portugal y Croacia—, a un precio unitario que en el contrato francés se aproxima a los 91 millones de euros, con primeras entregas a finales de 2028, Grecia como primer país servido y España sin aparatos nuevos antes de la campaña de 2029.
Dicho en términos que en este informe empleamos habitualmente para hablar de defensa: Europa carece de alternativa industrial propia en el segmento anfibio pesado y ha externalizado en un tercer país, por muy aliado y amigo que sea, una capacidad crítica de protección de su población civil. Es la misma enfermedad que padecemos con las municiones, con la defensa aérea y con los sistemas de mando y control. Y adviértase que Francia sí ha reaccionado: dos programas nacionales, Hynaero y Kepplair, trabajan en un bombardero de agua de nueva generación, uno de ellos con una capacidad anunciada de ocho mil litros, un treinta por ciento más que un Canadair, a la mitad de coste de adquisición. España, que alberga en Sevilla la división de transporte militar de Airbus y que ha diseñado el kit del A400M, no tiene ningún programa equivalente.
Hay además una lección operativa de primer orden en lo ocurrido esta semana. La reserva estratégica europea —veintidós aviones, cinco helicópteros y setecientos setenta y siete bomberos preposicionados— ha tenido que repartirse simultáneamente entre España y Francia: cuatro Canadair griegos e italianos hacia Madrid y Ávila, y tres aviones y dos helicópteros portugueses, croatas, eslovacos y checos hacia Gironda. Es decir, el mecanismo está dimensionado para socorrer a un país en crisis, no a dos grandes Estados del arco mediterráneo a la vez. Cuando la crisis es continental y simultánea —y el cambio en el régimen de incendios garantiza que lo será cada vez más—, la reserva común deja de ser un seguro y se convierte en un reparto de escasez.
Por último, una consideración que rara vez se hace y que a mi juicio es la más importante. Evacuar a ciento 10.000 personas de una península en veinticuatro horas, como ha hecho Francia en el cabo Ferret, o a 55.000 en la sierra oeste de Madrid, es una prueba de esfuerzo de protección civil equivalente en su exigencia logística a una contingencia bélica. Un país que no es capaz de evacuar ordenadamente a su población en verano, con carreteras abiertas y sin enemigo, difícilmente podrá hacerlo en una emergencia de seguridad. La resiliencia civil no es un capítulo menor de la defensa nacional: es su base. Y en esto, como en el gasto militar, España sigue confiando en que otros lleguen a tiempo.
Cronología comparada de la campaña
La secuencia de los acontecimientos en España y en Francia entre el 7 y el 27 de julio de 2026 dice más que cualquier análisis: dos países golpeados a la vez, con el mismo clima y una meteorología casi idéntica, y dos maneras radicalmente distintas de reaccionar ante ella.
El 17 de julio Francia firma un acuerdo; el 23 empieza a probar; el 25 está lanzando veinte toneladas de retardante sobre un incendio real. En esas mismas fechas, en España se hacía público que un contrato de modernización declarado urgente en 2022 acababa de extinguirse sin ejecutarse, y una presidenta autonómica y un ministro se insultaban en las redes sociales. Ocho días, dos países, dos culturas administrativas.
Conclusiones y recomendaciones
- El fuego es un asunto de Estado, no de departamento. Debe integrarse en la Estrategia de Seguridad Nacional con el mismo rango que la ciberseguridad o la protección de infraestructuras críticas, con planeamiento plurianual y no con campañas estivales.
- Copiar la doctrina del ataque al fuego naciente. Es la medida más barata y más eficaz de todas: intervención masiva y desproporcionada sobre el conato en los primeros minutos. Francia detiene así el 97 % de sus fuegos por debajo de cinco hectáreas.
- Obligación legal de desbroce, con inspección y sanción. Sin régimen sancionador efectivo, la prevención perimetral es literatura administrativa.
- Devolver el monte a la gestión. Pastoreo extensivo, quema prescrita, tratamientos selvícolas y aprovechamiento forestal sostenible. El bosque no es un museo: es un sistema vivo que exige mano de obra, ganado y presupuesto.
- Reformar el mando de la emergencia. La situación operativa 3 no puede depender de una negociación política entre administraciones con el fuego encima. Debe activarse por criterios técnicos objetivos y automáticos.
- Certificar y producir el kit del A400M sin más demora. Es la única capacidad de gran tonelaje disponible a corto plazo, es de concepción española y no exige comprar un solo avión nuevo. Cada mes de retraso es una hectárea más.
- Relicitar de inmediato la modernización de los CL-215T. Cuatro años de bucle administrativo y un contrato extinguido por un problema de manuales técnicos constituyen un fracaso institucional que exige depuración de responsabilidades.
- Impulsar un programa industrial europeo de extinción aérea. La dependencia de un único proveedor extracomunitario en una capacidad crítica es inaceptable. España debería sumarse al esfuerzo francés o abrir el suyo desde Sevilla.
- Redimensionar la reserva europea. El mecanismo debe pasar de socorrer a un país a sostener simultáneamente a varios, con preposicionamiento estacional y no con reparto de urgencia.
- Restaurar la exigencia de responsabilidad. Trece muertos, ciento cincuenta mil hectáreas y una flota inservible no pueden saldarse sin que nadie responda. Ese, y no otro, es el problema de fondo.