Perdura la obligación –menos vistosa que la ‘ley de nietos’ pero harto más decente– de reconocer a quienes ETA asesinó y también aquel exilio cívico de profesores, jueces, concejales y familias enteras que dejaron huecos en juzgados, universidades, ayuntamientos, empresas y periódicos

Este 2026 se cumplen cuarenta años de los atentados de la calle Juan Bravo y de la plaza de la República Dominicana, en los que ETA asesinó, respectivamente, a cinco y doce guardias civiles; treinta de los asesinatos de Fernando Múgica y Francisco Tomás y Valiente y veinte de la bomba colocada en la T4 de Barajas, bajo cuyos escombros quedaron dos trabajadores ecuatorianos. A otro orden de aniversarios pertenece el décimo de la publicación de ‘Patria’, que llevó a más de dos millones de hogares cuanto los crímenes habían dejado alrededor y tras de sí: el miedo, la extorsión, el señalamiento y aquella espiral de silencio merced a la cual el terror ensanchaba sus dominios allende el lugar del crimen. Efemérides de naturaleza y notoriedad muy desiguales, pero todas propicias para que la memoria no se agote una vez más en la liturgia de los minutos de silencio y el solemne propósito de volver cuanto antes a otra cosa. Hora es de que dicha memoria encuentre en el Congreso una presencia permanente, visible y también, por qué no decirlo, incómoda, reservada a quienes ETA quiso reducir a cero.

Este verano, quizá en involuntario homenaje al casi 125 aniversario de ‘Oligarquía y caciquismo’, nos lo pasamos disputando sobre posibles amaños del censo a cuenta de la llamada ‘ley de nietos’, nombre de batalla de la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite adquirir la nacionalidad española a ciertos descendientes de quienes la perdieron o hubieron de exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura. La gresca parecía destinada a engrosar el repertorio de controversias estivales hasta que llegó al Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo suspendió los efectos electorales de esos nuevos españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, salvo quienes acreditasen descender de exiliados, hasta resolver el fondo del litigio. La decisión deja abierta una pregunta: si el destierro, a despecho de arrancar a alguien de su tierra, alcanza por ello a romper el vínculo político que lo une al territorio abandonado.

Tomar la cuestión en serio obliga a mirar otros espacios vacíos en nuestro cuerpo cívico. Verbigracia, el de los vascos a quienes el terrorismo expulsó de su tierra. Porque unas elecciones pueden ser irreprochablemente legales y, sin embargo, no expresar por entero una voluntad colectiva si durante décadas una parte de la ciudadanía es asesinada, intimidada, silenciada o empujada fuera del territorio. Un informe de CEU-CEFAS cifra esa pérdida demográfica en torno a 180.000 personas.

La decisión del Supremo recuerda algo bastante elemental: cuando la reparación histórica entra en el censo, no es suficiente con la buena voluntad. Uno entendía, por eso, la intención reparadora del Gobierno de Rajoy cuando en 2012 planteó que quienes hubiesen dejado el País Vasco o Navarra bajo la amenaza de ETA pudieran seguir votando en sus antiguas circunscripciones, aunque el remedio pareciese mejorable. ¿No sería preferible reconocer a los expulsados como presencia cívica y consultiva sin alterar las reglas de representación ni reescribir el cuerpo electoral? No basta un censo retrospectivo para devolver sobre el papel a quienes el miedo expulsó. El tiempo no admite tachaduras y la reparación no puede consistir en fingir que los años no han pasado ni en decidir, décadas después, que la papeleta de quien hoy vive, trabaja y paga impuestos en Madrid, Zamora o Pernambuco ha de pesar en la tierra que abandonó.

De ahí este Escaño Cero, entendido como límite moral de la aritmética democrática.

El Escaño Cero tendría una ocupación rotatoria y plural, conforme a criterios públicos fijados por un órgano independiente. Por él podrían pasar familiares de asesinados, amenazados que permanecieron en el País Vasco, desplazados, antiguos cargos públicos, jueces, periodistas o empresarios, sin atribuir a ninguno la representación del conjunto de las víctimas. El Escaño Cero no sería un Escaño 351, como aquel propuesto por Rubalcaba para dar entrada en la Cámara a los promotores de iniciativas legislativas populares. Aunque tal cosa no sería inconstitucional, pues la Constitución permite entre 300 y 400, convertir el Escaño Cero en un diputado de pleno derecho obligaría a reformar la Loreg y a resolver un pequeño avispero jurídico relativo a quién lo elegiría, por qué circunscripción, a quién representaría y hasta qué punto su voto podría resultar decisivo en una investidura, un presupuesto o una moción de censura. Sería mejor, por tanto, que fuese un puesto de comparecencia físicamente diferenciado de los electivos, acaso junto a la tribuna de oradores. Durante las sesiones ordinarias, el Escaño Cero permanecería vacío, que es precisamente su sentido y su herida, bajo la inscripción «A quienes ETA quiso borrar de la democracia»; y sólo sería ocupado cuando las Cortes debatieran sobre terrorismo, memoria, homenajes o reinserción.

No se entienda como querella partidista la presente iniciativa. La memoria no puede administrarse desempolvando unos muertos mientras otros son relegados a la letra pequeña: cabe hablar de la Guerra Civil, la dictadura, las fosas, el exilio republicano y las víctimas del franquismo sin imponer por ello silencio sobre los asesinados, amenazados, extorsionados y expulsados por ETA. La dignidad del muerto no ha de fluctuar según resulte cómodo o embarazoso su verdugo para una mayoría parlamentaria. Hacer de la memoria una carnicería nacional, ante cuyo escaparate el ciudadano debe escoger entre los cadáveres de hace cuarenta años y los de hace ochenta, supone ignorar que la compasión no se reparte por cupos y que ninguna injusticia, por grande que fuera, absuelve a la siguiente.

No hay artificio que restituya las vidas segadas, los años perdidos bajo escolta, las carreras malogradas, las concejalías desiertas, los negocios liquidados a pérdida o las infancias descuajadas de su sitio. Tampoco cabe reconstruir por decreto el País Vasco que habría existido sin ETA ni atribuir a los ausentes la papeleta que más convenga a nuestras conjeturas, porque los muertos no votan y los supervivientes no tienen por qué hacerlo como nosotros imaginamos. Perdura la obligación –menos vistosa pero más decente– de reconocer a quienes ETA asesinó y también aquel exilio cívico de profesores que pidieron traslado, jueces que aprendieron a mirar los bajos del coche, concejales que se jugaron la nuca y familias enteras que dejaron huecos en universidades, ayuntamientos, empresas y periódicos. El terror borró físicamente a unos y expulsó o amordazó a otros, dejando escaños, casas y vidas vacías, y enseñando a quienes permanecían qué precio tenía hablar demasiado alto. Cuando la justicia llega tarde no finge devolver lo arrebatado, pero al menos evita que la pérdida se consume también como olvido. El Escaño Cero no desandaría la historia ni devolvería la voz a quienes fueron asesinados, pero impediría tomar el mutismo por anuencia.