Desde distintos medios, ubicados en líneas editoriales de izquierda y progubernamentales, se está poniendo en cuestión, de manera persistente y con duras acusaciones, el comportamiento de algunos miembros del Ejército de Tierra desplegados en Ceuta. Se les acusa de malos tratos a algunos de los magrebíes que invadieron Ceuta el 30 y 31 de julio y que permanecen en la ciudad autónoma. Algunos, algunos.

Ceuta se ha convertido en bloque temático, escenario para arremeter a favor o en contra de la gestión del Gobierno y del propio Gobierno en su totalidad, frente en el que los que definen y ponen el foco de la entrada de 80.000 migrantes en un problema humanitario (y bienvenidas las ONG que lo palian) disparan contra quienes analizan lo ocurrido como una invasión y un acto de guerra híbrida ejecutado por Marruecos. Y ya no hay gris, o todo es blanco o todo es negro, y se busca gasolina para alimentar la hoguera de cada cual y que crezcan las llamas de “mi” verdad, una cada vez más alejada de su definición.

Aquel periodismo del Watergate, casi dos años de gloriosa investigación, ha pasado a la historia.  Hoy la investigación le llega a uno por Temu o por whatsapp, bien empaquetada, y arriba con esos vídeos, o esos audios, y que viva el móvil del ciudadano de a pie, que ha llenado este mundo de reporteros, combustible para que cada cual engorde su proyecto ideológico. Y qué importa el contexto, ni la posible manipulación o el fin último del que graba, y se tira para adelante con un textazo informativo con mucho agujero probatorio y sabiendo que desde el Ejército de Tierra no podrán responder, ni hacer declaraciones, solo aguantar.

Hoy hay técnicas de inteligencia artificial, manejables por un niño de 7 años, capaces de imitar voces y alterar grabaciones. Para sostener una atribución categórica deben conocerse garantías de procedencia, integridad, contexto e identificación de los hablantes, especialmente cuando el propio medio que las publica indica que ha distorsionado las voces difundidas. Un capítulo curioso, pues si un audio se ha publicado con intención de denunciar un presunto hecho delictivo, no se entiende que las voces incluidas en la prueba principal sean deformadas, cuando el objetivo fundamental sería identificar a los presuntos culpables.

Aun cuando la conversación y la identidad de sus participantes en la conversación quedaran acreditadas, describir una agresión no demostraría per se que quien habla la ejecutó. Es preciso distinguir entre la existencia de testimonios y grabaciones, la identificación de los interlocutores y la comprobación independiente de las conductas denunciadas. Pero eso es mucho investigar y esperar demasiado a que la instancia que deba actuar lo haga.

Mientras, se tira por el camino de en medio y se busca el respaldo “probatorio” de denuncias de Amnistía Internacional en el mismo sentido, cuya jefa en Ucrania, por cierto, hubo de dimitir tras haber acusado en un informe al Gobierno de ese país de usar “escudos humanos” en la guerra contra Rusia. Como dijo  Zelensky entonces, el informe “quiso trasladar la responsabilidad del agresor a la víctima”. (Eva Cervera)