La primera reunión de la Comisión de Seguridad Laboral del CGPJ, a la que acudieron los vocales Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya con representantes de las asociaciones judiciales como son el caso de la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Jueces y Juezas para la Democracia resultó frustrante para las expectativas despertadas ante dicho encuentro de trabajo.

La reunión programada para la misma tarde del pasado lunes, donde el Pleno Extraordinario del CGPJ firmó una declaración institucional contra la ley de amnistía que se está negociando, se vio solapada por este encuentro. Esto, que hizo que dicho encuentro tuviera un límite temporal marcado y apenas se esbozaron las posturas de ambas partes ante un asunto tan importante como es la regulación de las cargas de trabajo, obligatorio ahora tras el fallo de la Sala Social reciente que obliga al CGPJ a su regulación.

Habrá que ver cuáles son los próximos movimientos del CGPJ en este tema, quien se ha comprometido en estudiar a fondo dicho fallo judicial y ofrecer lo antes posible una alternativa al colectivo de jueces sobre cómo regular dichas cargas de trabajo. En principio, la sentencia notificada el 6 de octubre al órgano de gestión de los jueces, obliga a ser ejecutada en dos meses, pero la complejidad de la misma, descarta que se pueda llegar en ese plazo con un sistema de cargas de trabajo definitivo.

Los jueces opinan a través de sus asociaciones, que, para velar por su seguridad laboral, las cargas de trabajo deben regularse de manera distinta a la habitual. Al no crearse órganos judiciales ni plazas de jueces adecuadas, el atasco es mayor. A este respecto recuerda que el Ministerio de Trabajo aprobó hace unos días una oferta de empleo público con plazas insuficientes frente a las acordadas en el acuerdo de retribuciones del pasado mes de mayo.

En la actualidad, más del 90% de la carrera judicial supera el porcentaje del 120% que se exige para superar las retribuciones variables como objetivos de rendimiento. Esto está generando cientos de jubilaciones, voluntarias y forzosas, como ya indicó Economist & Jurist en otro reportaje. La carrera judicial en cinco años va a tener una merma importante en cuanto a su personal de jueces y magistrados.

Dos meses para cumplir la sentencia

Manuel Bellido, presidente TSJ Aragón, fue uno de los representantes de la APM en dicha reunión. Su intervención fue online, y su compañero José Manuel Yuste, magistrado de Madrid acudió de forma presencial, dijo que “los dos meses que tiene de ejecución el CGPJ de la sentencia hay que verlo de forma flexible. Iniciar el proceso para que modificar el sistema actual de cargas de trabajo de la carrera judicial a uno más definitivo”.

Este magistrado reconoce que la reunión tuvo el problema de tener a continuación el Pleno Extraordinario del CGPJ que decidía al final una declaración institucional sobre la proposición de ley de amnistía. “El CGPJ nos explicó cómo ve la sentencia y qué pasos van a seguir en los próximos días. El contenido de la sentencia y las consecuencias que aboca es clara. Lo que viene a decir es que el CGPJ ha incumplido esa obligación de incumplir las cargas de trabajo, pero viene a decir que no se le puede imponer una determinada forma de rendimiento concreto” comenta Yuste.

Desde su punto de vista, “hay muchas maneras de determinar esas cargas de trabajo y tampoco se puede imponer un plazo determinado, dice la sentencia. Nosotros pensamos que ahora el CGPJ debe ejercer ese liderazgo, debe hacernos una propuesta que se nos traslade a las asociaciones, nosotras las estudiaremos y haremos aportaciones para llegar a ese sistema definitivo de regulación de cargas de trabajo. Sabemos que no es fácil, pero lo necesitamos”.

A su juicio, “esta regulación de nuestro trabajo es necesaria. Nuestro trabajo es complicado y cada vez se es más consciente la salud profesional. El CGPJ ha mejorado en su preocupación sobre este tema, en mi caso formo parte de esta Comisión de Seguridad y Salud desde el 2012, pero es verdad que todavía hay que avanzar más y tener un sistema definitivo, sabiendo que deben adaptarse a las circunstancias de cada momento y mejorarlos”.

Al final, Bellido reconoce que esta regulación de la carga de trabajo tiene influencia indirecta en las plazas judiciales que se necesiten, “hay que determinar las cargas de entradas de los órganos y por otro lado las cargas que son asumibles por los jueces a nivel de salud laboral. El CGPJ tiene que hacer suya la sentencia y nosotros tenemos que ayudarles en ese cumplimiento. Este es un proyecto que hay que hacerlo entre todos. Sabemos que va a llevar su tiempo, pero es necesario”.

De hecho, nos recuerda que la regulación de las cargas de trabajo afecta a otros módulos de baremación “al de retribuciones variables, a los módulos de entrada, pero se puede buscar soluciones. Al mismo tiempo, se puede contar con las entidades especializadas que colaboran con el CGPJ como puede ser la empresa que gane el concurso de prevención de riesgos, que puede dar ideas sobre dicha regulación y encontrar el mejor sistema que determine esas cargas de trabajo”.

Se ha avanzado poco

El magistrado del TSJ de lo Social de Andalucía, Óscar López, y un miembro de su Comité Nacional, fue el representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria a dicha Comisión. Este jurista acudió presencialmente a la misma “nos explicaron los vocales del CGPJ Cabrejas y Moya el contenido de la sentencia, pero su proximidad al Pleno Extraordinario posterior impidió profundizar en los temas a abordar. Era la prioridad para ellos, pero como dijo otra compañera presente en la reunión, para nosotros lo importante era avanzar en las cargas de trabajo y su regulación”.

Desde su punto de vista, “la sentencia obliga al CGPJ a regular dichas cargas laborales de trabajo, a efectos de riesgo psicosociales, pero no da plazos ni metodología para su cumplimiento posterior. Estamos en el punto de partida, habrá que ver que hacemos cuando haya una situación de riesgo laboral que desemboque en un supuesto como de aquel juez que falleció en Madrid hace años en la jurisdicción social, podía generar una responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios”.

En cuanto a lo que se va a hacer, “parece que el CGPJ tendrá un informe de su Gabinete Técnico antes de hacer una propuesta a las asociaciones para ver como va a cumplir la sentencia del Supremo. Les hemos indicado que hemos avanzado poco y que nos gustaría contar con un cronograma con una planificación rápida de próximos hitos con reuniones inmediatas porque ellos tienen el deber de cumplir”.

Por el momento subraya que, “no tenemos una propuesta concreta de cómo el CGPJ va a cumplir esta sentencia judicial que les obliga a regular las cargas de trabajo a nivel de salud laboral. Realmente la reunión ha sido insatisfactoria y así lo tendremos que transmitir a la carrera judicial que esperaba que se pudiera concretar dicha regulación laboral. Hay voluntad de cumplir, ahora con el compromiso que tienen para hacerlo, le hemos pedido que agilicen dicho cumplimiento y busca la metodología para lograrlo”.

En su opinión, pese a que sería bueno contar con dicha regulación al inicio del año 2024, “los plazos son lentos y no creemos que se logre consensuar esa forma regular nuestras cargas de trabajo. Las reuniones de dicha Comisión de Seguridad y Salud laboral son muy densas y requieren tiempo. El CGPJ espera ese informe por parte de su Gabinete Técnico. Llevamos mucho tiempo esperando esta regulación, ahora factible por la sentencia de la Sala Social del Supremo que les obliga a ello”.

No hay propuesta concreta aún

Desde el Foro Judicial Independiente, la reunión de este pasado lunes de dicha Comisión de Seguridad y Salud Laboral fue frustrante, así se expresaba Ana Descalzo, magistrada de esta asociación que junto a su compañera Rosa Esperanza Sánchez-Tello, que participó en la reunión de manera online. “Llevamos esperando ocho años desde que se aprobó el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la carrera judicial en el año 2015 y hemos avanzado muy poco”.

A su juicio, esta toma de contacto sirvió para poco “el CGPJ a efectos de cargas laborales y salud ha hecho poco hasta ahora. Estamos dando los primeros pasos para que se pueda regular. Esperemos que con la obligación que tienen de cumplir la sentencia en dos meses, empiece el CGPJ a dar respuesta a una reivindicación que ya es casi eterna. Pero es necesaria dicha regulación para fijar las plazas judiciales que se necesitarían cubrir”.

Sobre este respecto comentó que “ahora el CGPJ maneja otras tres cargas que ninguna de ellas es de salud laboral; hay una de creación de órganos judiciales que comparte con el Ministerio de Justicia. A efectos presupuestarios, maneja la carga de trabajo, a efectos de rendimiento de los jueces y magistrados con efectos disciplinarios y de permisos desde el CGPJ y la carga de trabajo de retribuciones variables, pero ninguna tiene ningún estudio relativo a esas cargas de trabajo a efecto de salud laboral”.

En su opinión, “el CGPJ tiene aprobadas estas cargas por acuerdos de su Comisión Permanente y el propio ministerio, pero no se regula la salud laboral de los jueces y magistrados. Estamos en la casilla de salida, quieren hacer informes, análisis y evaluaciones, pero nosotros estamos desesperados porque llevamos ocho años así, lo que nos hizo ir a un pleito que en su momento tuvo tres sentencias, con tres recursos de casación ante la sentencia de la Audiencia Nacional que no estimaba nuestras reclamaciones por motivos de forma”.

Para esta magistrada, “fue un procedimiento largo y no podemos ir de nuevo al principio si piden esos informes que se tenían que haber pedido hace ocho años. La sentencia del Supremo es clara y dice que tiene que regular esas cargas en materia de salud laboral. Se plantea que no hay ahora ninguna norma en vigor de cómo hay que regular estas cargas. Debería ejecutarse el 6 de diciembre, antes de esa fecha el CGPJ tendría un informe de la sentencia para dar traslado a las asociaciones para presentar las propuestas sobre esta cuestión”.

Urge regular las cargas de trabajo

Desde Jueces por la Democracia, representadas en dicha reunión de forma online por los magistrados Gloria Poyatos, del TSJ de Canarias, y Francisco Martínez, juez de lo social de Barcelona, “nosotros somos muy reivindicativos con este tema, no podemos olvidar que es un asunto clave para la carrera judicial cara a preservar la salud laboral de todo el colectivo. Ahora hay una sentencia judicial que les obliga a cumplir con dicha regulación de las cargas de trabajo. A partir de ese momento se podría generar responsabilidad”.

A su juicio, parece que el CGPJ tiene interés en resolver esta cuestión, ahora obligado por la sentencia reciente de la Sala de lo Social “hay que darse cuenta de que el Plan de Prevención de Riesgos laborales que se aprobó es del 2015. Eso nos obligó a todas las asociaciones a interponer una demanda judicial porque veíamos que el asunto no avanzaba, si se hubieran preocupado por ello no la hubiéramos interpuesto realmente.

Esta magistrada recuerda que “esta demandada ha sido estimada parcialmente por el magistrado de lo Social del Supremo, Ignacio García-Perrote, y ahí dice que se debe regular esas cargas de trabajo, pero no dice cómo”. Desde su punto de vista, tanto su asociación como el resto de las entidades convocadas a esa reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, quieren que se solvente esta cuestión lo antes posible.

“Nosotros como asociación pretendemos que nuestro colectivo, como cualquier otra organización obligada al cumplimiento de prevención de riesgos laborales, cumpla con su deber de prevención en ese sentido que es lo que se ha incumplido desde hace ocho años. Cuando se introdujo en el Plan de Prevención yo estaba ya en esas reuniones y en ese equipo de negociación y teníamos muy claro lo que buscábamos con dicha reivindicación”, apunta esta jurista.

Poyatos recuerda que “al juicio que dio lugar a la sentencia de la Sala Social estuve presente como testigo porque formaba parte de las personas negociadoras de la literalidad del plan de prevención. Nosotros tenemos Plan de Prevención, que ya nos costó tiempo conseguirlo, pero hasta ahora no se ha cumplido realmente. Es un precepto esencial, nosotros no trabajamos a jornada sino a resultados. Si no se miden las cargas es como si no se hubiera establecido una jornada de trabajo”.