El documento, que fue adelantado por EL MUNDO ayer y que se ha hecho público hoy, contempla «iniciativas emblemáticas», como las define la UE. Cuatro, en concreto: el muro antidrones, la vigilancia del flanco este, el escudo aéreo y el escudo espacial. Sobre el primero, que oficialmente se denomina Iniciativa Europea de Defensa contra Drones, la UE apunta que a finales del próximo año ya deberá empezar a funcionar en lo que se denomina como capacidad inicial. Y que en «antes de finales de 2027» deberá estar «plenamente operativo».

«Las repetidas violaciones recientes del espacio aéreo de los Estados miembros de la UE han demostrado la urgencia de crear una capacidad europea flexible, ágil y de última generación para contrarrestar los vehículos aéreos no tripulados», ahonda el texto.

«Se diseñará como un sistema multicapa y tecnológicamente avanzado, con capacidades interoperables antidrones para la detección, el seguimiento y la neutralización, así como con capacidades para alcanzar objetivos terrestres mediante el aprovechamiento de la tecnología de drones para ataques de precisión. La capacidad antidrones deberá ser plenamente interoperable y estar conectada entre los Estados miembros», prosigue Bruselas, que también subraya que «las lecciones aprendidas de Ucrania» serán básicas. La UE quiere utilizar la vasta experiencia del país ucraniano.

El muro antidrones servirá, además, para controlar «la protección de las fronteras, la instrumentalización de la migración, la protección de la infraestructura crítica y el crimen organizado transnacional», añade la Comisión, que además incide en que tendrá un enfoque 360º. Esto es, que también servirá para la defensa de los países del sur, por ejemplo, aunque ahora mismo la prioridad es el flanco este.

Y la evidencia de ello es ese segundo proyecto denominado Vigilancia del Flanco Oriental y que, en la práctica, es una extensión del muro antidrones conjugado con «sistemas de defensa terrestre, seguridad marítima en los mares Báltico y Negro, y sistemas para una mayor conciencia situacional, además de medidas de seguridad interna».

El escudo aéreo, viejo anhelo de los países del este, «protegerá el espacio aéreo y las funciones estatales de los Estados miembros». «Los programas de la UE apoyarán a los Estados miembros para lograr un escudo de defensa aérea y antimisiles integrado y multinivel, que incluya los sensores necesarios, proteja frente a todo el espectro de amenazas aéreas y sea totalmente interoperable con el sistema de mando y control de la OTAN», añade el documento.

Y el escudo espacial «es clave para mejorar las capacidades de defensa de los Estados miembros y garantizar la protección y resiliencia de los activos y servicios espaciales frente a las crecientes amenazas». Aquí, la Comisión señala ámbitos como el posicionamiento, la navegación, la inteligencia geoespacial o las comunicaciones seguras.

Financiación y participación

La hoja de ruta de la Comisión deja, sin embargo, algunas dudas y es algo difuso en aspectos clave. Por ejemplo, después de explicar todas las medidas y señalar en repetidas ocasiones los peligros que afronta la UE, corrobora que la defensa sigue siendo una cuestión nacional y que serán los países los que «llevarán las riendas». La adhesión a las medidas, añaden en Bruselas, es voluntaria.

Y, además, no se ofrecen cifras nuevas de inversión ni se precisan cuánto costarán las medidas. Se hace una alusión a los compromisos que los países han adoptado con la OTAN para llegar al 5% del PIB en inversión en Defensa bajo el modelo 3,5%+1,5%. También al programa SAFE de la UE, que ofrece hasta 150.000 millones de euros a los países en préstamos en condiciones beneficiosas, el espacio fiscal de hasta 650.000 millones o el próximo presupuesto europeo. Pero no existen explicaciones detalladas y concisas en una cuestión tan relevante. Lo que evidencia todo ello en definitiva es que el plan de la Comisión es una guía, un manual para los países. Pero no un documento con exigencias y obligaciones como el que algunos apuntan en Bruselas que quería la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.