Hay abogados que siguen calzándose la toga a los ochenta años. No por vocación tardía ni por afición romántica a los juzgados, sino porque no pueden permitirse dejar de trabajar. Su jubilación —tras toda una vida de ejercicio profesional— se ha convertido en un espejismo.

No es un caso aislado. Miles de profesionales en España —abogados, arquitectos, procuradores, aparejadores, ingenieros…— están descubriendo ahora que su pensión futura apenas alcanzará para sobrevivir. Son los llamados mutualistas alternativos, víctimas silenciosas de un sistema legal que, durante décadas, les ha conducido hacia la precariedad sin que apenas nadie mirara.

Un sistema heredado de la posguerra

El origen de su drama se encuentra en la España de la posguerra, cuando no existía Seguridad Social pública. Para garantizar coberturas mínimas a trabajadores y profesionales, muchas profesiones y empresas crearon sus propias mutualidades. Aquellas entidades ofrecían prestaciones en caso de enfermedad, invalidez o jubilación.

Con la aprobación de la Ley de Seguridad Social de 1966, el Estado empezó a integrar paulatinamente a estas mutualidades en el sistema público. Miles de mutualistas de sectores como el metal, banca, industria o funcionarios se incorporaron entonces al Régimen General o al de Autónomos (RETA). Pero no todas las profesiones siguieron ese camino.

Hoy, solo quedan en pie ocho mutualidades profesionales, entre ellas la Mutualidad de la Abogacía Española, que ha terminado convertida en un coloso financiero que gestiona cerca de 11.000 millones de euros, según sus memorias anuales de 2022.

Son el último vestigio de un modelo anacrónico que ha quedado atrapado entre dos mundos: el de la previsión social privada y el sistema público de pensiones.

Del reparto a la capitalización: la gran fractura

Hasta finales de los años ochenta, las mutualidades funcionaban bajo un sistema de reparto, muy similar al de la Seguridad Social: todos aportaban a una bolsa común, y de ahí se pagaban las pensiones o prestaciones. El mutualista sabía qué pensión le correspondía, porque las prestaciones estaban definidas.

Pero en 1995, el Estado obligó a las mutualidades a transformarse en sistemas de capitalización individual. Desde su aplicación en 2005 en la Mutualidad de la Abogacía y en 2012 en la de Procuradores, cada mutualista debía ahorrar en su cuenta personal para costear su propia jubilación o contingencias futuras. La consecuencia fue demoledora.

“Empezamos casi de cero. Nos dotaron cuentas individuales con cantidades mínimas, pero el resultado iba a ser absolutamente insuficiente. Y esto se sabía”, denuncia María José Almodóvar, abogada y portavoz de la plataforma Pasarela al RETA.

El informe oculto que lo avisó todo

En 2005, el Consejo General de la Abogacía Española encargó un informe técnico —conocido en el sector como el Informe Mercer— que advertía de que el sistema era insostenible. Aunque técnicamente sostenible (si pagabas más, recibías algo), el resultado de las pensiones sería muy inferior a las mínimas reconocidas en el sistema público.

“Solo el decano de Zaragoza tuvo la decencia de trasladar esas conclusiones a sus colegiados. Allí, casi todo el mundo se pasó al RETA. En el resto de España, nadie dijo nada”, explica Almodóvar.

Mientras tanto, miles de profesionales seguían cotizando, confiando en que sus aportaciones les garantizarían una jubilación digna.

Una jubilación que nunca llegará

La realidad se destapó a partir de 2018, cuando las mutualidades estuvieron legalmente obligadas a informar a sus socios de cuál sería la pensión prevista según lo acumulado en sus cuentas individuales. Entonces llegó el mazazo.

Profesionales que llevaban décadas cotizando descubrieron que su pensión apenas alcanzaría los 300 o 400 euros mensuales, según los testimonios recabados por este diario. Ni siquiera tendrían derecho al complemento a mínimos que perciben los pensionistas de la Seguridad Social.

El drama no es solo económico, sino también social. Antes de 2012, los mutualistas alternativos ni siquiera tenían derecho a la sanidad pública, porque no estaban adscritos a ningún régimen público. Pagaban de su bolsillo seguros médicos privados además de sus cuotas a la mutualidad.

“Es un negocio de 11.000 millones de euros”

El dinero de las mutualidades, sin embargo, no ha desaparecido. La Mutualidad de la Abogacía, por ejemplo, gestiona un patrimonio de más de 11.000 millones, con inversiones en fondos, bonos, inmuebles y empresas aseguradoras.

“Esto es un negocio brutal. No es lo mismo invertir un millón de euros que once mil millones. Hay una puerta giratoria clarísima entre decanos de colegios y cargos directivos de las mutualidades”, denuncia María José Almodóvar.

La estructura de las mutualidades y sus empresas adyacentes ha generado enormes beneficios durante años, mientras los mutualistas —verdaderos propietarios de esas entidades— permanecían sin saber cuál sería su pensión real.

El futuro: una pasarela al RETA

Hoy, los mutualistas exigen una solución clara: poder integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con reconocimiento de todos los años cotizados y las cantidades aportadas a las mutualidades.

“No queremos privilegios. Queremos lo mismo que tuvieron los mutualistas del metal o de la banca cuando se integraron en la Seguridad Social. Queremos derechos, no limosna”, dice Almodóvar.

El Ministerio de Seguridad Social tiene previsto debatir en el Congreso una proposición de ley promovida por el PSOE. Pero según denuncian desde las plataformas de mutualistas, dicha ley deja fuera a miles de personas, especialmente a jubilados y viudas, y pretende que los mutualistas “compren” años de cotización con su propio dinero.

Mientras tanto, profesionales como Manolo —abogado madrileño de 69 años— siguen trabajando sin poder jubilarse, después de toda una vida en los tribunales.

“Hay abogados con ochenta años arrastrando la toga por los juzgados. No porque les encante su profesión, sino porque no se pueden jubilar. Es un drama humano y un escándalo político. Y el Estado no puede mirar hacia otro lado”, sentencia Almodóvar.

Miles de familias en el aire

El próximo 27 de septiembre, plataformas como Pasarela al RETA, el movimiento J2 y otros colectivos de arquitectos, procuradores o aparejadores han convocado una gran manifestación en Madrid. Su objetivo: exigir justicia y visibilizar un problema que ha sido sistemáticamente silenciado.

La cifra de afectados ronda los 65.000 mutualistas, según estimaciones de las asociaciones profesionales. Si no se encuentra una solución, miles de profesionales quedarán condenados a pensiones indignas tras haber cotizado toda su vida.

España está ante un dilema que no es solo económico, sino ético. Y la pregunta sigue en el aire: ¿cómo es posible que quienes han contribuido durante décadas acaben en la pobreza mientras otros, sin haber cotizado, acceden a derechos que se les niegan a ellos