Una asociación fantasma, sin personalidad jurídica y cercana al Partido Socialista, ha presentado alegaciones ante el Tribunal Supremo por la suspensión del voto de las personas que se han acogido a la nacionalización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la ‘ley de nietos’. Se trata del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu), entidad presidida por Juan Manuel de Hoz, que logró la nacionalización exprés tras la polémica instrucción de Sofía Puente, recibió el pasaporte en un tiempo récord siendo recibido en el propio consulado de Buenos Aires –algo poco habitual– y posteriormente se afilió al PSOE.

La asociación, representada por el abogado Eduardo Ranz –que fue candidato a la Secretaría General del PSOE de Madrid y representante de familiares de víctimas del franquismo para las exhumaciones del Valle de los Caídos–, considera que la medida vulnera derechos fundamentales y establece diferencias de trato entre ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española por la misma vía. El mismo argumento que, el lunes, empleó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras conocer la decisión del Alto Tribunal. Además de intervenir en el procedimiento ante el Supremo, el colectivo ha presentado una queja al Defensor del Pueblo para solicitar su intervención.

Desde que se conoció la resolución del Supremo el Gobierno buscaba a alguien que recurriera la suspensión, ya que el Ejecutivo no podía hacerlo. Tenían que ser los propios perjudicados los que dieran el paso para preservar sus derechos. ABC ya avanzó a principios de semana que el entorno del PSOE en Argentina se había activado para presentar ese recurso. De ahí que el Cedeu haya actuado a través de un abogado madrileño también de la órbita de la formación que lidera Pedro Sánchez.

Cedeu cuestiona que la suspensión afecte a los nacionalizados que residen en el extranjero mientras que los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad mediante la misma legislación y viven en España no se encuentran en idéntica situación censal. La asociación también pone el foco en quienes ya habían ejercido su derecho al voto en anteriores convocatorias electorales y ahora podrían quedar excluidos de las elecciones del 29-N. A su juicio, esta circunstancia plantea un problema de seguridad jurídica y de igualdad en el ejercicio de los derechos políticos.

En un comunicado, el Cedeu considera que la suspensión del derecho a voto constituye una «singular vulneración de derechos fundamentales de quienes habían consolidado sus derechos y se han visto privados del derecho al voto, sufragio que ni siquiera en tiempos de guerra se elimina». Según el Ejecutivo, la decisión del Alto Tribunal afectará a unas 163.000 personas inscritas en el censo electoral de españoles en el extranjero, que lograron la nacionalidad a través del mecanismo impulsado por Sánchez.

El presidente de esta entidad forma parte del Consejo de Residentes Españoles defendiendo las posturas del PSOE y uno de los grandes impulsores de la circunscripción en el exterior, hecho que les permitiría tener representación en el Congreso. Juan Manuel de Hoz es muy cercano a altos cargos del Gobierno como Pilar Cancela, que fue secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España y secretaria del área de Políticas Migratorias y PSOE del Exterior en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.