La retirada de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a la GuardiaCivilenNavarra, una exigencia del nacionalismo vasco con una carga simbólica imposible de disimular, refleja el desprecio consciente del actual gobierno de coalición hacia unos servidores públicos, policías y guardias civiles, que, no lo olvidemos, hacen con su trabajo y su sacrificio que España sea uno de los países del mundo no solo con los mejores índices de seguridad ciudadana, sino en el que se cumplen las garantías jurídicas que amparan a los ciudadanos. Si la Justicia española es proverbial a la hora de considerar los elementos de prueba en el proceso penal, es, precisamente, porque cuenta con unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad altamente profesionales y extremadamente cuidadosos en el desempeño de sus funciones como policía judicial. Pues bien, ese valor intrínseco, que define a una sociedad democrática avanzada por encima de cualquier consideración ideológica, no se sostiene sobre la nada, como si nos fuera concedido por naturaleza, sino sobre unos hombres y mujeres, con nombres y apellidos, a quienes se maltrata laboralmente, hasta el punto de que a muchos de ellos ni siquiera se les reconoce algo tan básico como el derecho a la conciliación familiar, como si la vocación de servicio, imprescindible en una profesión como la suya, no fuera un mérito a considerar, sino una excusa de los gobernantes para relegarles administrativa y presupuestariamente. Ayer, en Madrid, convocados por dos de sus principales asociaciones profesionales, varios millares de guardias civiles y policías nacionales se manifestaron para reclamar del ministro del Interior, su jefe, que, al menos, se dignara a recibirles o diera contestación a sus requerimientos, algo que no ha hecho el titular de la Cartera, Fernando Grande-Marlaska, juez de profesión, desde el 15 de noviembre de 2021. Tal vez, porque es conocedor de que la absoluta justicia de sus demandas y es consciente de que las prioridades presupuestarias del Gobierno del que forma parte vienen determinadas por un proyecto ideológico dominado por el populismo de la extrema izquierda. Pero no es solo que las demandas de los policías y los guardias civiles sean incuestionables, es que el Gabinete que preside Pedro Sánchez parece operar ajeno a la realidad, incapaz de comprender las señales de advertencias sobre un cambio en los paradigmas de la seguridad ciudadana sobre los que es imprescindible actuar. Nunca hubo tanta violencia juvenil, tantas agresiones sexuales, tantos ataques a la integridad de las personas como ahora. Y es un suicidio social no cuidar a aquellos que más nos cuidan y que trabajan al límite de sus medios y de sus fuerzas. Un gobierno tiene que tener claras sus prioridades, y la seguridad, que es la base de la libertad, de sus ciudadanos debe ser la primera.