l Ministerio de Defensa está valorando unificar los contratos de mantenimiento y modernización de los blindados españoles como los Leopard o los Pizarro, según señalan múltiples fuentes del sector. Desde el punto de vista militar, la decisión permitiría acelerar la puesta a punto de estos vehículos, aunque algunas voces señalan que el encaje desde la perspectiva empresarial y jurídica podría ser complejo.
Si se materializara, la idea sería adjudicar estos programas a una empresa «tractora» de gran tamaño, que a su vez incorpore como socios a otras compañías dentro de esa cadena de suministro, tal y como está sucediendo actualmente con los Programas Especiales de Modernización (PEM). Hasta el momento, los dos tipos de contrato se otorgan por separado, lo que ha hecho que empresas como JPG Grupo se hagan con algunos de mantenimiento, a pesar de que los Leopard y los Pizarro han sido fabricados por Santa Bárbara Sistemas (SBS), el primero de ellos bajo licencia de KNDS.
Para el Ejército de Tierra habría una ventaja clara, y es que permitiría acortar los plazos de la revisión de estos vehículos. A día de hoy la modernización y el mantenimiento requieren desmontar por separado dos veces los blindados, lo que dilata los periodos en el taller. Además, otro de los puntos a favor sería que los correctivos -las reparaciones de averías que surgen ya en servicio- que afecten a los sistemas modernizados queden resueltos por el mismo contratista responsable de la mejora, evitando así disputas de responsabilidad entre el proveedor de la modernización y el del sostenimiento ordinario.
Por contra, señalan que encajarlo a nivel jurídico se antoja difícil. Y además, estos contratos los gestionan entidades diferentes dentro del Ministerio de Defensa: la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) se encarga de la modernización, mientras que el mantenimiento recae en el Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE). Aunar ambos programas supondría, por tanto, un mayor esfuerzo de coordinación.
Los contratos de los Pizarro y los Leopard
El sector está a expensas de que Defensa tome una decisión para saber cómo se articulará el sostenimiento de los carros de combate, que son uno de los grandes ejes militares, dentro del contexto de rearme en el que nos encontramos. Pero, en cualquier caso, si se cambia la estructura actual la previsión es que afecte a los contratos de años próximos, porque ya hay varios en marcha con el procedimiento actual.
Defensa frenó el megacontrato para modernizar los Leopard que se esperaba para este año, que se estima que costará entre 2.000 y 3.000 millones de euros, precisamente porque está valorando si otorgarlo junto al de mantenimiento, según señalaron algunas fuentes. Es un programa clave, que contempla actualizar los actuales Leopard 2A6 españoles para convertirlos en 2A8, lo que implica cambios sustanciales en la electrónica, la potencia o la protección balística, entre otras cuestiones.
En cuanto al mantenimiento de los Leopard, es uno de los programas otorgados a Santa Bárbara que el Ministerio de Defensa ha congelado. Se trata de un contrato con un techo de gasto de 200 millones y articulado como un acuerdo marco, lo que implica que el Ministerio iba liberando paulatinamente los fondos para SBS en distintos paquetes, hasta que ha dejado de hacerlo sin dar explicaciones. Lo mismo ha sucedido con el mantenimiento de los obuses SIAC, que Santa Bárbara se adjudicó y que tiene un techo de gasto de 40 millones.
Por otro lado, Defensa otorgó a SBS el año pasado el contrato de modernización de los Pizarro, por un importe de 264 millones. Para la filial de General Dynamics fue importante al ser el único de los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) que el Gobierno adjudicó a Santa Bárbara, y ya ha fichado a empresas como Oesía para colaborar en el proyecto.
Para el mantenimiento de los Pizarro, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de julio la puesta en marcha de un acuerdo marco de 50,5 millones, que aún está pendiente de adjudicar pero servirá para poner a punto las versiones de infantería y de caballería durante los próximos cuatro años, con posibilidad de prorrogarse dos años más.
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