El Gobierno alemán ha dado un paso que refleja hasta qué punto la política de seguridad se ha convertido en el eje central de su acción política. El Ejecutivo aprobó ayer el proyecto presupuestario para 2027 junto a una planificación financiera hasta 2030 en la que el aumento del gasto en defensa destaca por encima del resto de partidas y se convierte en uno de los principales motores de un endeudamiento que alcanza niveles inéditos en la historia reciente del país. El proyecto presentado por el ministro de Finanzas, el socialdemócrata Lars Klingbeil, prevé un volumen de gasto que supera los 540.000 millones de euros en 2027, con una deuda que crece de forma significativa hasta situarse por encima de los 110.000 millones en el presupuesto central y cerca de los 200.000 millones si se incluyen los fondos extraordinarios. El propio Klingbeil defendió el planteamiento al asegurar que «no se trata de una política basada en la esperanza, sino de hacer lo que llevamos tiempo diciendo», en referencia a la necesidad de modernizar el país y, al mismo tiempo, reforzar su capacidad de defensa en un entorno internacional cada vez más inestable.

La apuesta por este ámbito atraviesa todo el diseño presupuestario y explica buena parte de sus tensiones internas. El gasto militar experimenta un incremento sostenido que lo sitúa como uno de los capítulos con mayor crecimiento hasta el final de la década, en un contexto en el que Alemania trata de recuperar el terreno perdido tras años de infrafinanciación de sus Fuerzas Armadas. Klingbeil lo expresó de forma directa al señalar que «vemos la amenaza que supone Vladímir Putin y tenemos que hacernos más fuertes», una idea que conecta con la narrativa del canciller y con el giro estratégico que Berlín ha adoptado en los últimos años. De hecho, Friedrich Merz también defendió esa línea al subrayar que los acontecimientos recientes, desde la guerra en Ucrania hasta la escalada en Irán, han puesto de manifiesto la necesidad de invertir más en defensa. «Queremos poder defendernos para no tener que hacerlo», afirmó en una formulación que resume la lógica de disuasión que guía este aumento del gasto y que ha terminado por desplazar otras prioridades en el debate presupuestario.

Ese cambio de prioridades no se produce sin costes políticos. El incremento del esfuerzo en defensa coincide con ajustes en otros ámbitos, especialmente en el área social, donde el Gobierno prevé recortes y reformas que afectan a prestaciones y subsidios. La oposición ha aprovechado esa tensión para cuestionar el rumbo del Ejecutivo. El líder de La Izquierda alemana («Die Linke»), Sören Pellmann, denunció que «en todos los demás ámbitos, salvo en el militar, se recorta a costa de la gente», una crítica que refleja el malestar que genera el reparto de recursos en un momento de creciente presión económica. La dimensión del esfuerzo presupuestario también se mide en el aumento de los costes financieros. El peso de los intereses de la deuda crece de forma acelerada y amenaza con limitar el margen de maniobra del Gobierno en los próximos años. Aun así, el Ejecutivo insiste en que el refuerzo de la seguridad no compite con el mantenimiento del Estado del bienestar.

Klingbeil rechazó esa dicotomía al afirmar que «no existe esa relación de competencia entre el gasto social y el gasto en defensa», aunque reconoció la necesidad de introducir reformas para sostener ambos pilares.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha intentado compensar ese giro con una batería de medidas que afectan a ámbitos muy distintos de la vida cotidiana y que buscan trasladar la idea de que la acción política no se limita a esta prioridad. Entre ellas figuran cambios en el mercado del alquiler para frenar subidas en zonas tensionadas, la puesta en marcha de una reforma del sistema sanitario orientada a introducir ajustes estructurales y mejorar su sostenibilidad, así como la introducción de nuevos sistemas digitales en infraestructuras como los aeropuertos para reducir tiempos de espera. También se prevé reforzar las capacidades de investigación en el ámbito digital con el objetivo de mejorar la seguridad interior y endurecer las sanciones en delitos medioambientales, en un conjunto de decisiones que reflejan el intento de Berlín de equilibrar un presupuesto condicionado por el peso creciente del gasto militar. En este escenario, el Gobierno trata de mantener un equilibrio cada vez más difícil entre el aumento del presupuesto en defensa, la presión sobre las cuentas públicas y los ajustes en otros ámbitos, en un momento en el que cada decisión tiene un coste político inmediato y que da como resultado una hoja de ruta marcada por la incertidumbre y por un margen de maniobra cada vez más limitado.