El Supremo de Estados Unidos desactivó ayer una parte esencial de la Ley del Derecho al Voto de 1965, una de las grandes conquistas de la era de los derechos civiles. En una votación (6-3) en la que el bloque conservador hizo valer su supermayoría, el tribunal dio la razón a los demandantes contra el Estado de Luisiana por crear un segundo distrito de mayoría negra. Para ello, sus legisladores se ampararon en la sección segunda de la norma, que quedó cercenada con el fallo del alto tribunal.

La decisión abre la puerta a que los republicanos se apresuren a rediseñar distritos electorales en poder de sus rivales, especialmente en el sur del país. Son los que aquí se conocen como de “mayoría minoritaria”, al tratarse de circunscripciones en las que un grupo minoritario en la composición demográfica del conjunto del país, por ejemplo, los afroamericanos, representa más del 50% de la población.

La sentencia, de enorme trascendencia en el largo plazo dado que cambia las reglas electorales que han imperado en Estados Unidos durante las últimas seis décadas, amenaza con tener consecuencias también en las elecciones del próximo mes de noviembre, en las que el partido de Donald Trump se juega la mayoría de una o de las dos cámaras, y el presidente de Estados Unidos, la efectividad de la segunda parte de su mandato y quién sabe si también ser sometido a un tercer impeachment ( juicio político).

La mayoría del Supremo, cuyo dictamen redactó uno de los magistrados más a la derecha, Samuel Alito, debilita la sección segunda de la norma, que impide que el diseño de los distritos electorales (esa práctica tan estadounidense como antidemocrática conocida como gerrymandering) discrimine el poder de decisión en las urnas de los negros, hispanos, nativos estadounidenses y asiáticos, que tradicionalmente han votado demócrata. Hasta ayer, era constitucional privilegiar desde las instituciones el derecho de esas minorías a verse reflejados en los políticos que las representan.

La Ley de Derecho al Voto obliga también a tener en cuenta la composición demográfica de las circunscripciones para no privilegiar a la mayoría blanca a base de juntar distritos o de dividirlos. Para Alito, una aplicación errónea de esa sección segunda ha desvirtuado el espíritu de la norma, al entrar en conflicto, argumenta, con las enmiendas Decimocuarta, que garantiza la igualdad de todos ante la ley, y Decimoquinta, que prohíbe la discriminación racial a la hora de votar.

“La sección segunda fue diseñada para reforzar la Constitución, no para entrar en conflicto con ella”, escribe Alito. Paradójicamente, ambas enmiendas se aprobaron tras el final de la Guerra Civil, que trajo también la abolición de la esclavitud.

El magistrado insiste en su opinión en que la intención del tribunal es que el fallo se circunscriba solo al caso de Luisiana, pero nada impide que en otros lugares, como Florida, por ejemplo, los republicanos echen mano de ese precedente en un momento en el que la guerra por rediseñar distritos antes de las elecciones de medio mandato está en su máximo apogeo, con los ejércitos de ambos bandos echando mano de toda la artillería a su alcance.

La jueza liberal Elena Kagan, que leyó su voto particular en voz alta, un gesto poco común que se reservan los magistrados para expresar firme desacuerdo con una sentencia, argumentó que la decisión del Supremo va mucho más

La decisión es clave para las elecciones de medio mandato en noviembre

La ley había estado en el punto de mira de los conservadores durante décadas

allá de las fronteras de ese Estado. “Se trata de una demolición en toda regla de la Ley del Derecho al Voto”, dijo Kagan.

El fallo viene a decir que es constitucional redibujar distritos, práctica a la que se dedican con pasión demócratas y republicanos, siempre y cuando el objetivo sea favorecer al propio partido, pero que no es legítimo hacerlo por motivos raciales. Los seis jueces conservadores creen en un sistema “color blind” (literalmente, ciego ante el color). Se trata de una ideología extendida en el conservadurismo estadounidense, que defiende que la mejor manera de fomentar la igualdad es ignorando la raza o la cultura.

Mapa dividido

Luisiana es uno de los Estados con el porcentaje de población afroamericana más alto (un 33%, según el último censo). Su mapa está dividido en seis distritos electorales. Solo uno de ellos será mayoritariamente negro a partir de ahora. El fallo del Supremo tumba el rediseño que en 2022 dio lugar al segundo distrito, que incluye la capital, Baton Rouge. Lo representa desde 2024 en el Congreso de Washington el afroamericano Cleo Fields, demócrata. Antes, el escaño había sido republicano desde 2009, y lo habían ocupado políticos blancos desde 1885.

La demanda que originó el caso la interpuso en 2024 un grupo de votantes blancos liderados por Stephen Callais. Su cruzada llegó por primera vez al Supremo durante el curso pasado, pero cuando llegó la hora de dictar las sentencias, a finales de junio de 2025, el alto tribunal anunció su intención de volver a estudiar el caso, y de hacerlo ampliando el foco para decidir si el mapa en disputa era inconstitucional o no. En el ordenamiento jurídico de EE UU, en muchos sentidos petrificado en unos textos originales casi imposibles de enmendar, el Supremo cumple a menudo la función de legislador a golpe de precedente.

La Ley del Derecho al Voto supuso un gran avance en la reconciliación de un país con un doloroso pasado esclavista en el que la discriminación racial ha pervivido en grandes porciones de su territorio durante décadas. La ley, que ha estado en el punto de mira de los conservadores durante décadas, prohibió también las prácticas electorales discriminatorias, como exigir pruebas de alfabetización para votar o la aplicación de impuestos para el sufragio. Durante 60 años ha contribuido en gran medida a aumentar la representación de las minorías en los cargos públicos, así como la participación de votantes de esos grupos. Hace un par de años, el Supremo dio un golpe mortal a la discriminación racial positiva en las universidades. En la práctica, puso fin a décadas en las que se favoreció principalmente a estudiantes negros y latinos con la idea de que los centros educativos debían darles más oportunidades en interés de la sociedad.