La utilización de sistemas de guerra electrónica por parte de una fragata marroquí durante la crisis migratoria de Ceuta centró uno de los asuntos más controvertidos de El Mundo al Rojo, dirigido y presentado por Jesús Ángel Rojo

. Bajo el titular «La fragata marroquí atacó Ceuta con ondas electromagnéticas en la invasión», el programa puso sobre la mesa una hipótesis de enorme gravedad: que el buque de guerra no solo entrara en aguas españolas, sino que también hubiera interferido en las comunicaciones de la ciudad durante la llegada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.

La denuncia fue planteada por el periodista Joaquín Abad, quien sostuvo que las cámaras y los teléfonos dejaron de funcionar durante aquellos acontecimientos y relacionó esas incidencias con el posible empleo de equipos de inhibición de frecuencias desde el buque marroquí. Sin embargo, hasta el momento, las informaciones publicadas no permiten dar por demostrado que se produjera un ataque electromagnético deliberado contra Ceuta.

La incursión naval marroquí, confirmada

La controversia adquirió una nueva dimensión después de que trascendiera que varios buques de la Marina Real de Marruecos habían entrado sin autorización en aguas españolas durante los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma.

Según informaciones publicadas por El País y recogidas por RTVE el 12 de octubre, al menos una fragata y varias patrulleras marroquíes navegaron por aguas bajo soberanía española durante la crisis. La Armada tuvo que desplegar medios navales para reforzar la vigilancia y disuadir nuevas incursiones.

El episodio elevó la tensión entre Madrid y Rabat, especialmente porque las incursiones se produjeron mientras las autoridades españolas intentaban contener una situación extraordinaria en la frontera terrestre.

La presencia de los buques militares constituye, por tanto, un hecho distinto de la acusación sobre las interferencias electrónicas. La primera está respaldada por informaciones periodísticas basadas en fuentes conocedoras de los incidentes y por las declaraciones posteriores de Pedro Sánchez; la segunda requiere documentación técnica que permita establecer qué sistemas se utilizaron y con qué finalidad.

El REW-32 y los informes que siguen bajo reserva

Uno de los elementos más relevantes de las últimas informaciones es el papel del Regimiento de Guerra Electrónica número 32 (REW-32), una unidad del Ejército de Tierra especializada en la detección y el seguimiento de señales electromagnéticas.

Según una información publicada por El Español el 14 de octubre, militares conocedores de los trabajos de esta unidad señalaron que se monitorizaron las comunicaciones y los movimientos de los buques marroquíes durante los días 30 y 31 de julio. Los informes elaborados a partir de esas actividades no habrían sido incluidos íntegramente en la documentación desclasificada por el Gobierno en septiembre.

La información adquiere especial relevancia porque esos registros podrían contribuir a reconstruir la actividad de las embarcaciones, las comunicaciones detectadas y los movimientos realizados en las aguas de Ceuta.

La falta de publicación íntegra de esa documentación alimenta las preguntas sobre qué información conocían las autoridades españolas y qué elementos se han considerado suficientemente sensibles como para mantenerlos reservados.

¿Se quedaron Ceuta y sus sistemas de vigilancia sin comunicaciones?

La hipótesis expuesta en el programa sostiene que determinadas incidencias en teléfonos y cámaras podrían haber estado relacionadas con una operación de guerra electrónica. Si se acreditara que existió una interferencia deliberada, sería necesario determinar su alcance, los sistemas afectados y la procedencia de las emisiones.

La guerra electrónica comprende diferentes técnicas destinadas a detectar, perturbar o dificultar el uso de sistemas electrónicos y comunicaciones. Sin embargo, un fallo de telefonía o una cámara fuera de servicio también pueden tener otras causas. La coincidencia temporal entre una incidencia técnica y la presencia de un buque militar no basta para establecer una relación causal.

Por ello, la pregunta fundamental es si los registros técnicos del REW-32, junto con los datos de las redes de telecomunicaciones y los sistemas de vigilancia, permiten identificar una interferencia procedente de la fragata marroquí.

De momento, la denuncia de Joaquín Abad debe entenderse como una acusación pendiente de corroboración independiente, no como una conclusión oficial sobre lo sucedido.

La desclasificación de documentos vuelve a situar a Moncloa bajo presión

La polémica se suma a las preguntas que ya había suscitado la información disponible sobre los avisos previos a la crisis migratoria.

El Gobierno publicó en septiembre documentación relacionada con la entrada masiva, incluidos informes, comunicaciones y datos sobre la evolución de la situación fronteriza. RTVE explicó que los documentos permitían reconstruir las advertencias recibidas por diferentes organismos durante los días anteriores al 30 de julio.

Ahora, la información sobre los registros del REW-32 abre otro interrogante: si existen informes adicionales sobre los movimientos navales y las señales detectadas, ¿qué contienen y por qué no se han publicado íntegramente?

La respuesta resulta importante para esclarecer tanto la actuación de las Fuerzas Armadas como la información que llegó a los responsables políticos. En todo caso, la ausencia de documentos públicos no demuestra por sí misma que exista una operación encubierta ni que el Gobierno haya ocultado deliberadamente un ataque electrónico.

Sánchez, Marruecos y las explicaciones pendientes

La crisis también tiene una dimensión diplomática. Pedro Sánchez reconoció el 12 de octubre que buques marroquíes habían entrado en aguas españolas durante aquellos acontecimientos, aunque describió los incidentes como episodios puntuales y defendió la importancia de mantener la cooperación entre ambos países.

Esa posición ha generado nuevas preguntas sobre la respuesta española ante las incursiones y sobre las medidas adoptadas para impedir que se repitieran. La presencia de una fragata marroquí en aguas españolas y la necesidad de desplegar buques de la Armada constituyen un asunto de seguridad nacional que exige una explicación documentada.

Si además se acreditara que hubo interferencias electrónicas deliberadas, el alcance del incidente sería mucho mayor. Pero esa conclusión dependerá de pruebas que permitan identificar el origen de las señales, sus efectos y la posible intencionalidad de la actuación.

Una investigación que necesita pruebas técnicas

El debate de El Mundo al Rojo ha colocado en primer plano una pregunta que todavía necesita respuestas: si la fragata marroquí se limitó a realizar incursiones navales o si también utilizó sus equipos electrónicos durante la crisis de Ceuta.

Los informes militares, los registros de comunicaciones y las explicaciones oficiales serán fundamentales para resolver esa incógnita. También será necesario aclarar qué información recibió el Gobierno durante aquellos días y cómo se coordinó la respuesta de los organismos de seguridad.

La entrada de buques marroquíes en aguas españolas está documentada. La hipótesis de un ataque electromagnético, en cambio, sigue pendiente de acreditación. La publicación o el examen independiente de los informes técnicos podría ayudar a determinar qué ocurrió realmente durante las horas más críticas de la crisis del 30 de julio.