La firma del Tratado de Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido tendrá lugar el próximo 13 de julio en Bruselas, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes diplomáticas. Solo 48 horas después, la Verja de separación entre la colonia británica y la Línea de la Concepción que ha funcionado durante más de un siglo pasará a mejor vida.

Este acuerdo político anunciado en junio del año pasado pone fin a más de un lustro de complejas negociaciones a raíz de la salida de Reino Unido de la UE y la necesidad de encajar a la colonia británica en el nuevo panorama. Tanto España como el Gobierno del Peñón han tenido voz y voto en el proceso, pero el compromiso es bilateral entre Londres y Bruselas y serán sus representantes los que estampen su rúbrica al tratarse de un tratado internacional que les compromete jurídicamente.

La Comisión Europea aún no ha desvelado quién firmará del lado comunitario, aunque algunas fuentes aseguran que será el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, que es quien ha llevado el peso de las negociaciones. Del lado británico, lo más probable es que acuda el ministro de Exteriores, David Lammy, también presente en el anuncio oficial del acuerdo en el verano de 2025.

Asimismo, la asistencia del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en Bruselas parece asegurada. Una vez más, el Ministerio de Exteriores español ha dado la callada por respuesta ante las solicitudes de información de este periódico, pero el sentido común hace creer que José Manuel Albares tampoco se va a perder el acto.

El tratado establece un nuevo marco de relación para Gibraltar basado en la libre circulación de personas y mercancías, la eliminación de la Verja y la integración del Peñón en el espacio Schengen mediante controles mixtos tanto en el puerto como en el aeropuerto situado en el istmo.

Aunque su objetivo es, según sus defensores, «garantizar la prosperidad económica y la estabilidad jurídica de la zona sin alterar las posiciones de España y el Reino Unido sobre la soberanía del territorio», el acuerdo ha levantado suspicacias en el lado español de la Verja ante las diferencias abismales de renta entre las dos orillas.

En menos de un mes, el 15 de julio, el tratado se va a aplicar de manera provisional a la espera de que sea ratificado tanto por el Parlamento británico como por el europeo. Si todo va según lo previsto, entrará en vigor de forma definitiva en diciembre de este año.

El Partido Popular y Vox han criticado repetidamente el enorme secretismo y falta de transparencia con que se ha llevado toda la negociación y han denunciado la «anomalía» de que no se someta a la aprobación del Congreso de los Diputados. Esta circunstancia, según fuentes conocedoras de lo que ocurre en Bruselas, quiso ser evitada a toda costa por el ministro Albares para no eternizar el proceso y garantizar su éxito.

«La Comisión acordó por incitación de España que ese acuerdo no tuviera que ser ratificado por los Parlamentos nacionales. Para eso se calificó como un acuerdo de competencia exclusiva de la Unión. Si lees el tratado, más de la mitad de los artículos son de competencia nacional, así que tenía que haber sido calificado de competencia mixta y someterse a la ratificación de todos los estados miembros», explican las citadas fuentes.

Los detractores también arguyen que el artículo 94.1 de la Constitución exige que los «tratados de carácter político» han de ser autorizados por las Cortes Generales, aunque lo cierto es que ni PP ni Vox han dado la batalla. El asunto no tuvo ningún protagonismo en la campaña para las elecciones andaluzas, más bien al contrario. Los votos del Campo de Gibraltar que estaban en juego llevaron a Juanma Moreno a valorarlo de manera positiva y, de momento, los de la ultraderecha solo han protagonizado alguna pataleta en el Parlamento de Estrasburgo más de cara a la galería que a conseguir resultados.

La mayoría de fuentes diplomáticas consultadas entienden que el acuerdo es el mejor encaje posible ante la situación creada por el Brexit y recuerdan que, en cualquier caso, el documento incluye en su artículo 66 la posibilidad de una revisión cuando hayan pasado cuatro años desde su entrada en vigor.

Una vez revisada la aplicación en ese periodo razonable, sobre todo en los controles Schengen y la circulación de personas, tanto la Unión Europea como Reino Unido tendrán la oportunidad de denunciarlo mediante la correspondiente notificación diplomática. Con un panorama político tan volátil, nadie sabe dónde estará Reino Unido o el propio club comunitario para entonces.