«No se oye nada; no se percibe agitación en los espíritus ni movimiento en las gentes. Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, el mal; discurrirán sobre sus orígenes, su clasificación y sus remedios; pero el más ajeno a la ciencia que preste alguna atención a los asuntos públicos observa este singular estado de España: dondequiera que se ponga el tacto, no se encuentra el pulso». (Francisco Silvela)

Pocas veces un diagnóstico histórico ha conservado con tanta fuerza su vigencia. Hay en estas palabras una actualidad casi trágica, como si hubiesen sido escritas para nuestro tiempo. El desbordamiento de la frontera ceutí no es, ni será, uno de los últimos coletazos de una crisis coyuntural, sino el síntoma visible de una nación que, desde hace demasiado tiempo, parece haber dejado de reconocerse a sí misma. España ha ido cediendo su lugar al Estado. Desde el empleado más humilde de un ministerio de inequívoca vocación globalista hasta las más altas instancias del poder político e institucional de esta nuestra «democracia», la impresión es la de un aparato que se administra a sí mismo mientras la nación permanece huérfana de dirección y de propósito.

Quizá no sea este el momento de buscar culpables, pero sí lo es de rechazar una de las ideas más nocivas que, a mi juicio, ha perseguido a los españoles durante el último siglo. Exigir responsabilidades no constituye un ejercicio de crispación ni una invitación al enfrentamiento civil. Los españoles no somos cainistas por reclamar la rendición de cuentas de quienes ejercen el poder. Muy al contrario, pedir responsabilidades representa la expresión más elemental de la justicia política y el presupuesto indispensable de toda comunidad verdaderamente libre. Renunciar a ello, refugiándose en la indiferencia o en una falsa concordia, equivale a aceptar que los últimos rescoldos de la responsabilidad pública terminen cubiertos bajo las pavesas de la indiferencia colectiva.

Lo que el poder sostiene, en suma, es que la violación de nuestras fronteras no reviste una gravedad suficiente como para justificar la movilización de las Fuerzas Armadas. Tal conclusión se ampara en una legalidad cada día más alejada de toda idea de nación y progresivamente vaciada de cualquier principio orientado a la preservación de la patria. Si la más alta instancia de nuestra justicia resuelve de tal modo que imposibilita una respuesta firme frente a la entrada masiva de hombres a través de nuestras fronteras, ¿Debemos resignarnos sin siquiera interrogarnos sobre las consecuencias de semejante decisión?

No es la falsa empatía, convertida con frecuencia en coartada moral de la inacción, lo que debería conmovernos. Es, antes bien, la amarga contemplación de una nación incapaz de ejercer la primera de las obligaciones de todo hombre político: proteger a quienes integran la comunidad que le da sentido. Como un hijo que contempla a su madre desbordada e impotente para ampararle.

Y ya advirtió Donoso Cortés del riesgo que entraña abandonar la nación bajo el amparo de una legalidad convertida en fin de sí misma: «La legalidad: todo por la legalidad, todo para la legalidad; la legalidad siempre, la legalidad en todas circunstancias, la legalidad en todas ocasiones; y yo, señores, creo que las leyes se han hecho para las sociedades y no las sociedades para las leyes».

Da la impresión de que el pueblo español, una vez asumida la democracia representativa y reducida la participación política al ritual periódico de las urnas, ha terminado por identificar la legalidad con la legitimidad y el cumplimiento de la norma con el agotamiento del deber cívico. Se inclina así ante la ley con una docilidad impropia de un pueblo libre, olvidando que la legalidad sólo conserva su dignidad cuando permanece al servicio de la comunidad política y del bien común.

Como un paciente sometido a una lenta anestesia, España parece recibir, legislatura tras legislatura, pequeñas dosis de un narcótico político que adormece su capacidad de reacción. Se le promete, una y otra vez, el regreso a una normalidad que cada día se aleja más. Una normalidad que quizá muchos nunca conocieron, pero cuya sola posibilidad continúa despertando una íntima nostalgia.

Para mayor desgracia, estos hechos no constituyen sino una esquirla más del largo proceso de descomposición que aqueja España; apenas un episodio que añadir al catálogo de errores con los que nuestros gobernantes han contribuido a debilitar la continuidad histórica de la nación.

Con todo, no quisiera concluir estas líneas desde el desaliento. Este artículo se escribe un 31 de julio, festividad de san Ignacio de Loyola, quien dejó escrito en sus Ejercicios Espirituales una máxima de extraordinaria prudencia: «En tiempo de tribulación, no hacer mudanza». Tal vez convenga recordar hoy. No para resignarnos, sino para perseverar con mayor firmeza en aquello que merece ser defendido.

Ojalá acontecimientos como este despierten, de una vez por todas, la conciencia nacional que tantos españoles anhelan recuperar. Ojalá nos obliguen a mirarnos en el espejo de nuestra propia decadencia, a reconocer con humildad nuestra vulnerabilidad y, desde ese reconocimiento, a encontrar la fortaleza necesaria para emular, siquiera fugazmente, la honradez, el valor y el espíritu de sacrificio de quienes, al contemplar a su patria perseguida, humillada y próxima a la derrota, no permanecieron impasibles, sino que obraron como verdaderos hijos de España.